En medio de denuncias por demoras en prestaciones médicas, crece la controversia en torno al funcionamiento del INSSSEP. Sectores críticos de la gestión provincial encabezada por Leandro Zdero cuestionan el nivel salarial de autoridades del organismo y piden explicaciones públicas sobre la estructura de gastos. El tema comenzó a circular con fuerza en informes, que suelen poner el foco en datos presupuestarios y administrativos.
Según documentación difundida correspondiente a enero de 2026, estos serían los haberes atribuidos a integrantes de la conducción y personal jerárquico:
💰 Sueldos informados — Enero 2026
| Nombre | Cargo | Sueldo |
|---|---|---|
| Zulma Galeano | Vocal | $5.633.050,28 |
| Gricelda W. Troncoso | Vocal | $4.874.650,90 |
| Juan Ignacio Cáceres | Vocal | $4.771.659,34 |
| Rafael Ademar Meneses | Presidente | $4.591.799,13 |
| Fernando César Alesso | Vicepresidente | $4.546.826,60 |
| Germán Matías Landriel | Vocal | $4.156.140,78 |
| Ana María Piñero | — | $2.923.929,98 |
| Silvia Graciela Herrmann | — | $2.825.429,29 |
| Marisa Bibiana Caruso | — | $2.741.821,48 |
| Silvio Fernando Diego Álvarez López | — | $2.644.876,01 |
| Paola Mariana Molinari | — | $2.631.398,02 |
| Alicia Terada | — | $2.626.866,93 |
Reclamos y contraste social
Mientras estos números generan debate político, afiliados sostienen que continúan las dificultades para acceder a derivaciones, medicamentos y tratamientos complejos. En algunos casos difundidos públicamente, familiares aseguran haber tenido que organizar colectas para afrontar costos médicos, lo que profundizó la polémica y alimentó cuestionamientos sobre las prioridades presupuestarias.
Organizaciones de afiliados y sectores opositores reclaman informes oficiales detallados que aclaren la estructura salarial, la cantidad de asesores y los criterios de gasto del organismo. Hasta el momento, no se conoció una auditoría pública integral que responda a todos los planteos.
Clima político: el debate ya no gira solo en torno a cifras, sino al criterio de distribución de recursos en una obra social estatal que administra fondos públicos y aportes obligatorios. La discusión promete escalar si se confirman nuevos datos sobre la estructura interna del instituto.