El fiscal Marcelo Soto admitió al diputado provincial en la causa que investiga el desvío de fondos públicos hacia inversiones de riesgo. Mañana, la presidenta del Concejo, Nora Gauna, deberá explicar por qué se «jugó» el dinero de los vecinos sin pasar por el control legislativo.
PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA. – El escándalo por el manejo de las arcas municipales en la ciudad termal sube de temperatura política. En una resolución que sacude al esquema de poder del intendente Bruno Cipolini, la Justicia no solo ratificó al diputado Santiago Pérez Pons como querellante particular, sino que puso fecha y hora para que el oficialismo rinda cuentas cara a cara ante la fiscalía.
Inversiones «a dedo» y fondos sin garantía
La causa, que investiga la colocación de fondos municipales en la Bolsa de Comercio del Chaco bajo la modalidad de inversiones «no garantizadas», entra en su etapa más crítica. El fiscal Soto fundamentó la participación de Pérez Pons denunciante original de la maniobra bajo el argumento del fuerte interés institucional que reviste el caso, dada la afectación directa al patrimonio de los ciudadanos de Sáenz Peña.
Con esta medida, el diputado tendrá acceso directo al expediente, pudiendo proponer medidas de prueba y controlar de cerca una investigación que apunta al corazón de la administración radical.
El turno de Nora Gauna: el silencio que dejó dudas
Este martes, a las 8:30 horas, la presidenta del Concejo Deliberante, Nora Gauna, deberá sentarse frente al fiscal. La funcionaria, pieza clave del andamiaje político de Cipolini, ya había intentado zanjar la cuestión mediante un oficio que, lejos de aclarar el panorama, oscureció las sospechas.
Los ejes del interrogatorio político:
- El bypass al Concejo: Gauna tendrá que detallar el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo municipal salteó la aprobación legislativa para volcar millones de pesos a la especulación financiera.
- La falta de certezas: Tras un informe escrito que fue calificado como insuficiente por los investigadores, la Justicia busca determinar si hubo una orden directa para ocultar estos movimientos al cuerpo de concejales.
«El dinero de los contribuyentes terminó en una timba financiera sin ningún tipo de respaldo legal ni transparencia», sostienen desde la oposición.
Un golpe al corazón del oficialismo
La citación de Gauna no es un trámite más: es el reconocimiento judicial de que los mecanismos de control interno en Sáenz Peña fallaron o fueron deliberadamente ignorados. Mientras el municipio operaba en la Bolsa como si se tratara de fondos privados, la gestión de Cipolini ahora queda bajo la lupa por presunta malversación y abuso de autoridad.