Bajo el marketing de la «austeridad», el Gobierno provincial se desprende de activos clave, incluyendo modelos 2023. Mientras la gestión de Leandro Zdero celebra la transferencia de patrimonio estatal a manos de privados, los ministerios pierden capacidad logística para llegar al interior provincial.
RESISTENCIA. – Lo que el oficialismo presenta como una «transformación de recursos» es, en términos patrimoniales, una liquidación de activos públicos sin precedentes. La secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, anunció la sexta subasta de la gestión Zdero, poniendo bajo el martillo 36 unidades que dejarán de pertenecer al Estado chaqueño este 30 de marzo.
Patrimonio a precio de remate
La evidencia del desguace reside en la calidad de los bienes que se entregan al mercado privado. Aunque el discurso oficial habla de «bienes en desuso», la convocatoria incluye vehículos modelos 2010 a 2023. Resulta difícil justificar como «desecho» a unidades con apenas tres años de antigüedad, en una provincia donde la carencia de movilidad en áreas sensibles como Salud o Desarrollo Social es una constante.
Con bases que arrancan en los $500.000, el Gobierno facilita que el sector privado y los revendedores se apropien de herramientas que deberían estar al servicio de la comunidad.
El parche de los ventiladores: pan para hoy, hambre para mañana
Para maquillar la descapitalización, Meiriño enumeró que las recaudaciones anteriores se usaron para comprar ventiladores industriales y ambulancias. Sin embargo, la lógica política es cuestionable: el Estado vende su capital logístico (vehículos) para cubrir insumos que deberían estar garantizados por presupuesto ordinario.
Detalles de la entrega de activos:
- Exhibición: Se realizará en el Galpón “La Mística” (26 al 28 de marzo), donde los interesados podrán verificar el botín antes de la puja.
- El remate: Será el lunes 30 de marzo en el CEF 1. La acreditación masiva de privados comienza a las 8:00 hs.
Un Estado que se achica
Detrás del eslogan «la plata vuelve a los chaqueños», se esconde una realidad más cruda: un Estado que pierde su operatividad propia. Al vender su flota, el Gobierno de Zdero no solo transfiere propiedad pública al sector privado, sino que condena a las futuras gestiones a depender de la contratación de servicios externos o alquileres, encareciendo el costo del Estado a largo plazo.
La subasta de estos 36 vehículos no es un hecho aislado, sino el sexto capítulo de un plan sistemático de reducción del parque automotor oficial en favor del mercado particular.