Bajo la bandera de la «eficiencia», la gestión provincial profundiza el desmantelamiento de la flota pública. Modelos de hasta solo tres años de antigüedad dejarán de prestar servicio al Estado para ser aprovechados por particulares y revendedores en un remate con precios de base irrisorios.
RESISTENCIA. – En una maniobra que consolida la política de achique del aparato estatal, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, confirmó la sexta subasta de bienes públicos. La medida garantiza que 36 vehículos que hasta hoy pertenecían a los ministerios y al servicio de la comunidad, pasen definitivamente a manos de propietarios privados este 30 de marzo.
El negocio de lo privado con el descarte del Estado
Lo que el relato oficial intenta disfrazar de «recursos útiles» es, en la práctica, una oportunidad de oro para el mercado particular. Con bases que arrancan en apenas $500.000, el Gobierno pone a disposición de privados unidades que van desde el año 2010 hasta modelos 2023.
La entrega de vehículos seminuevos (modelos 2021, 2022 o 2023) al sector privado resulta difícil de explicar en áreas donde la falta de camionetas o autos operativos paraliza la asistencia social o sanitaria en el Impenetrable chaqueño.
Vaciamiento logístico con excusa de «ventiladores»
Meiriño defendió la subasta asegurando que lo recaudado anteriormente sirvió para comprar ambulancias y ventiladores industriales. Sin embargo, la lógica de gestión queda bajo sospecha: el Estado se descapitaliza de sus herramientas logísticas permanentes (los vehículos) para financiar gastos que deberían estar cubiertos por el presupuesto ordinario.
La hoja de ruta del traspaso:
- Exhibición del «botín»: Los privados podrán auditar los vehículos en el Galpón “La Mística” (26 al 28 de marzo) para asegurar su inversión antes de la puja.
- El acto del martillo: El lunes 30 de marzo en el CEF 1, se consumará la transferencia de las 36 unidades. La acreditación de los particulares comienza a las 8:00 hs.
Un Estado que renuncia a su operatividad
Al finalizar esta sexta subasta, el parque automotor del Chaco será significativamente más pequeño. Esta política de «desguace oficial» no solo favorece a quienes buscan vehículos a precio de remate, sino que condena a las dependencias públicas a un futuro de alquiler de servicios privados o a la inmovilidad total por falta de recursos propios.
«Transformamos bienes en recursos útiles», dice el Gobierno. Lo cierto es que transforman patrimonio de todos en propiedad de unos pocos.