En un fallo de relevancia institucional, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia del Chaco resolvió una controversia clave sobre la denominada «cláusula gatillo» para el sector docente. Si bien el tribunal dejó sin efecto la obligatoriedad de un esquema de actualización fijado previamente por una cámara laboral, ordenó al Poder Ejecutivo adoptar medidas urgentes para asegurar la integridad de los haberes.
El origen del conflicto
La demanda fue impulsada por la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco (SITECH). El gremio denunció como «ilegal y arbitraria» la decisión estatal de interrumpir el mecanismo de actualización salarial que se aplicaba desde 2019, lo que generó una deuda por la inflación acumulada en el segundo trimestre de 2025.
Por su parte, la Provincia del Chaco argumentó que:
- No existe una ley que reglamente formalmente la «cláusula gatillo».
- Las modificaciones salariales son facultad exclusiva del Poder Legislativo.
- Deben primar razones de factibilidad presupuestaria.
La postura del Superior Tribunal
El máximo tribunal provincial, integrado por los jueces Víctor Emilio del Río, Emilia María Valle, Néstor Enrique Varela, Alberto Mario Modi e Iride Isabel María Grillo, analizó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado provincial.
1. División de Poderes El STJ consideró que la sentencia de cámara anterior se extralimitó en sus funciones al fijar de forma directa un esquema de actualización futuro, invadiendo potestades que corresponden a la Administración y a la Legislatura.
2. Progresividad y Salario Justo No obstante, los magistrados subrayaron que la supresión del mecanismo de actualización sin una alternativa razonable es una «medida regresiva». El fallo destaca que:
- El salario docente tiene carácter alimentario y goza de garantía de intangibilidad según el artículo 87 de la Constitución Provincial.
- El Estado tiene la obligación internacional de no adoptar medidas que reduzcan la efectividad de los derechos laborales ya alcanzados.
La Resolución Final
El Superior Tribunal resolvió por mayoría:
- Hacer lugar parcialmente al recurso de la Provincia, anulando la modalidad de cumplimiento impuesta por la instancia anterior.
- Confirmar la protección del salario, ordenando al Poder Ejecutivo que, de forma urgente y en un plazo razonable, tramite las medidas normativas y presupuestarias necesarias para garantizar una actualización adecuada de las remuneraciones docentes.
- Advertencia de incumplimiento: El tribunal estableció que, de persistir la falta de medidas, podría emitir decisiones de carácter positivo para asegurar la efectividad de la garantía salarial.