El juez de la causa decidió mantener las restricciones contra la abogada argentina y frenó su regreso al país hasta que se dicte sentencia definitiva.

Aunque la Fiscalía y la querella habían avalado su retorno, el magistrado resolvió que permanezca en Río de Janeiro al menos por 15 a 20 días más, hasta la resolución final del expediente por injuria racial.
La situación judicial de Agostina Páez sumó un giro inesperado en Brasil luego de que el juez de la causa resolviera mantener vigentes las medidas cautelares que le impiden salir del país. La decisión contradice el criterio previo tanto de la Fiscalía como de la querella, que no habían objetado su regreso a la Argentina mientras avanzaba el proceso.
El fallo sorprendió al entorno de la acusada, ya que durante la audiencia realizada el martes el escenario parecía favorable para la defensa. En esa instancia, el Ministerio Público había reformulado la imputación: en lugar de tres cargos, unificó el caso en un único hecho continuado con tres víctimas, lo que reduce considerablemente la expectativa de pena.
Bajo esa nueva calificación, una eventual condena podría ser reemplazada por servicios comunitarios y una compensación económica. Sin embargo, el magistrado decidió no levantar las restricciones y condicionó cualquier autorización de salida a la presentación de los alegatos finales y al dictado de la sentencia.
La abogada defensora en Brasil, Carla Junqueira, cuestionó duramente la resolución y adelantó que presentará un hábeas corpus para revertir la medida. “Nunca vi una decisión en contra de lo que pide la propia acusación”, afirmó, remarcando la sorpresa que generó el cambio de postura judicial.
En paralelo, la defensa buscará acelerar los tiempos del proceso para evitar que la permanencia de Páez en Brasil se prolongue más de lo previsto.
Según trascendió, el Ministerio Público propuso una compensación cercana a los 50.000 dólares para cada una de las víctimas. El monto final, junto con las condiciones de la eventual condena, será definido en la sentencia.
El caso se originó el 14 de enero en un boliche de Río de Janeiro, donde, tras una discusión por el pago de una cuenta, Páez realizó un gesto racista hacia trabajadores del lugar. El hecho fue registrado en video y se convirtió en una prueba clave dentro de la causa.
Mientras se aguarda la resolución definitiva, el expediente entra en su etapa final, con un desenlace que será determinante tanto para la situación judicial de la abogada como para su posible regreso a la Argentina.