Un afectado por la caída del token $LIBRA solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que convoque a declaración indagatoria al presidente Javier Milei y a otros funcionarios y empresarios vinculados a la causa, en el marco de una denuncia que investiga una presunta maniobra de estafa vinculada al mundo cripto.
El pedido fue presentado por Martín Romeo, uno de los damnificados, quien además requirió que sean citados en calidad de imputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, junto a un grupo de empresarios y operadores del ecosistema cripto.
Entre los mencionados también figuran Mauricio Novelli, su entorno familiar, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy, Chyi Haur Peh (conocido como Julián Peh), Hayden Davis y otras personas señaladas en la presentación como parte de una presunta red vinculada a la operatoria.
De acuerdo al escrito, el querellante sostiene que existiría una “asociación ilícita” que habría articulado mecanismos de captación de inversores, manipulación de mercado y utilización de estructuras financieras para el movimiento de fondos.
La presentación describe una línea de tiempo que se inicia años atrás con actividades vinculadas a academias de trading, que luego habrían evolucionado hacia esquemas más complejos con vínculos internacionales, uso de sociedades en el exterior y billeteras cripto para canalizar operaciones.
También se mencionan presuntas reuniones en espacios como el Hotel Libertador y viajes al exterior, donde se habrían negociado acuerdos vinculados al acceso político y respaldo institucional, según la acusación.
El documento incorpora además referencias al lanzamiento de tokens previos y al despliegue del activo $LIBRA, ocurrido en febrero de 2025, momento en el que se habrían registrado movimientos financieros que, según el denunciante, derivaron en pérdidas para inversores minoristas tras la retirada de liquidez del mercado.
Asimismo, la presentación alude a posibles maniobras de lavado de activos, transferencias internacionales, uso de intermediarios y eliminación de evidencia, entre otros puntos que forman parte de la investigación planteada.
La solicitud deberá ahora ser evaluada por el juez interviniente, quien determinará los próximos pasos en la causa.