La situación del sistema sanitario nacional sumó nuevas señales de alerta tras la última reunión del Consejo Federal de Salud, donde provincias manifestaron su preocupación por el futuro del programa de distribución de medicamentos.
El eje del debate gira en torno al Plan Remediar, una política clave en la atención primaria que actualmente garantiza el acceso a decenas de fármacos esenciales en todo el país. Legisladores como Pablo Yedlin y Claudia Palladino llevaron el tema a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde presentaron un proyecto para expresar “profunda preocupación” por la reducción en la provisión de medicamentos y la falta de información oficial.
Desde las provincias también surgieron fuertes cuestionamientos. La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, advirtió que el programa finalizaría formalmente el 1° de abril, con una compra de emergencia para cubrir los meses siguientes. Según indicó, el plan sería reemplazado por una nueva estrategia enfocada en enfermedades cardiovasculares, con una reducción significativa en la cantidad de medicamentos disponibles.
En la misma línea, desde Santa Fe, la ministra Silvia Ciancio informó que la provincia recibió en 2025 un 55% menos de tratamientos que el año anterior, lo que obligó a reforzar las compras con fondos propios.
Mientras tanto, la cartera sanitaria nacional, conducida por Mario Lugones, anunció una reestructuración del programa, orientada a priorizar enfermedades de mayor prevalencia y optimizar recursos, lo que implicaría una mayor responsabilidad para las provincias en la cobertura.
Impacto en ciencia y diagnóstico
En paralelo, la Mesa Federal Ciencia y Tecnología alertó sobre el impacto del cierre y fusión de áreas estratégicas en salud pública, tras la publicación del decreto que afecta al ANLIS Malbrán.
Entre los organismos alcanzados se encuentra el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias, clave en el abordaje de enfermedades como dengue, chagas y fiebre amarilla. Según el comunicado, su desarticulación implica la pérdida de capacidades territoriales, investigación aplicada y respuesta ante brotes epidemiológicos.
Además, se confirmó el despido de 39 trabajadores en distintas provincias, lo que profundiza la preocupación del sector científico. También se verían afectadas áreas vinculadas al control de calidad, nutrición y producción de biológicos.
Desde el ámbito científico advierten que estas medidas no son aisladas, sino parte de un proceso más amplio de reestructuración del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El escenario plantea incertidumbre tanto en el acceso a medicamentos como en la capacidad del sistema para investigar, prevenir y responder ante enfermedades, en un contexto donde crecen los reclamos de las provincias y del sector científico.