En medio de la polémica por el acceso de funcionarios a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina, integrantes del equipo económico salieron a rechazar acusaciones y aseguraron que no existieron privilegios ni condiciones especiales.
Las declaraciones llegaron de parte de Felipe Núñez y Federico Furiase, quienes defendieron la legalidad de las operaciones y las vincularon al contexto de reactivación del crédito en el país.
“Fuimos como cualquier cliente”
Núñez fue contundente al negar trato preferencial y explicó que eligió el banco por ofrecer “la tasa más competitiva del mercado”. Según afirmó, tanto él como otros funcionarios cumplieron los mismos requisitos que cualquier solicitante.
“No hicimos nada ilegal ni inmoral”, sostuvo, y remarcó que se trata de créditos a largo plazo, con compromisos que pueden extenderse hasta 30 años.
Furiase: defensa del crédito hipotecario
Por su parte, Furiase aclaró que su caso particular corresponde a un crédito para una segunda vivienda y aseguró que incluso se le aplicó una tasa más alta.
Además, puso el foco en el contexto económico: “Es el mecanismo que utilizan los países normales”, afirmó, en referencia al crédito hipotecario como herramienta para el acceso a la vivienda.
Cambio de escenario económico
Los funcionarios vincularon la expansión del crédito a la mejora en las variables macroeconómicas desde mediados de 2024, con desaceleración de la inflación y baja de tasas.
En ese sentido, destacaron que el sistema financiero comenzó a volver a financiar al sector privado, tras años enfocado principalmente en el Estado.
Intervención judicial y respuesta institucional
Ante la controversia, el Banco Nación presentó documentación ante la Justicia. Los informes quedaron a disposición del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
Desde la entidad aseguraron que las auditorías internas no detectaron irregularidades y que los préstamos fueron otorgados bajo criterios objetivos previamente establecidos.
Cómo se originó la polémica
El debate surgió tras la difusión de datos públicos del sistema financiero, que expusieron créditos hipotecarios de alto monto tomados por funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.
La situación derivó en cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales, aunque hasta el momento tanto el Gobierno como el Banco Nación sostienen que no hubo irregularidades en las operaciones.