El Gobierno nacional terminó de cerrar el proyecto de reforma política que enviará al Congreso en los próximos días, con una propuesta que ya genera polémica: eliminar las PASO, avanzar hacia el financiamiento privado de la política y redefinir las reglas del sistema electoral.
Detrás del argumento del “ahorro fiscal”, en la Casa Rosada empujan la eliminación de las primarias abiertas, un mecanismo que permitió durante años ordenar internas y ampliar la participación ciudadana. Sin embargo, incluso dentro del oficialismo reconocen que no cuentan con los votos suficientes para aprobar su eliminación definitiva, por lo que no descartan una suspensión como salida intermedia.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había adelantado la postura oficial al calificar a las PASO como un “gasto ridículo”, en referencia al costo que implica su organización. Para el Ejecutivo, el Estado no debería financiar las disputas internas de los partidos políticos.
Pero el proyecto va más allá. Uno de los puntos más sensibles es la intención de eliminar el financiamiento público de los partidos y dejar el sostenimiento de la política en manos de aportes privados, un esquema que abre interrogantes sobre la transparencia y la influencia del poder económico en las campañas.
En paralelo, el Gobierno busca avanzar con la implementación de la Boleta Única de Papel y establecer un calendario electoral unificado para 2027, con el objetivo de evitar el desdoblamiento de elecciones en las provincias.
En los pasillos oficiales admiten que el camino legislativo será complejo y sin tiempos definidos. La discusión promete tensiones no solo con la oposición, sino también con sectores que advierten sobre los riesgos de modificar reglas clave del sistema democrático en un contexto de fuerte ajuste y reconfiguración política.