La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco abrió una investigación tras una denuncia que apunta a dos funcionarios de la gestión del gobernador Leandro Zdero por la presunta adjudicación irregular de casi 1000 hectáreas de tierras fiscales.
La presentación fue realizada por los diputados provinciales Nicolás Slimel y Mariela Quirós, quienes señalan al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Ángel Canela, y a la presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Griselda Canata.
Según la denuncia, Canela habría resultado beneficiado con la adjudicación de un campo de aproximadamente 956 hectáreas ubicado en el Departamento Almirante Brown, a través de una resolución administrativa firmada en diciembre de 2024. Los legisladores sostienen que la operación se habría concretado mientras el funcionario ya ejercía un cargo público, lo que estaría prohibido por la normativa vigente sobre tierras fiscales.
El mecanismo utilizado habría sido una subrogación de derechos hereditarios, lo que —según la denuncia— habría permitido transferir el inmueble a una persona que no era heredera del titular original, generando dudas sobre la legalidad del procedimiento.
También se cuestiona la intervención de Canata, quien firmó la resolución que habilitó la adjudicación. Para los denunciantes, su rol podría implicar desde una omisión de control hasta una posible connivencia administrativa.
La presentación advierte además que el caso podría encuadrar en posibles figuras de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y otras irregularidades administrativas y penales.
La FIA deberá ahora determinar si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación y si corresponde avanzar con responsabilidades administrativas o judiciales. Mientras tanto, el caso genera tensión política en la provincia y vuelve a poner bajo la lupa el manejo de tierras fiscales, un tema históricamente sensible en Chaco.