En el marco de la primera reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador chaqueño Sergio Dolce (Unión por la Patria) manifestó su preocupación por la implementación del nuevo sistema de caravanas electrónicas en el sector ganadero, advirtiendo sobre las dificultades logísticas y económicas que representaría para las provincias del norte argentino.
Durante su intervención, Dolce subrayó la necesidad de escuchar a los «verdaderos actores» del sector, proponiendo formalmente invitar a los presidentes de las Sociedades Rurales del Chaco a la próxima reunión de comisión para que expongan su realidad técnica y financiera.
El desafío geográfico: El Impenetrable
El diputado hizo especial hincapié en las particularidades del territorio chaqueño, señalando que gran parte de la producción se desarrolla en zonas de monte espeso y campos abiertos (sin alambrar), especialmente en la región de El Impenetrable.
«Tenemos muchos productores criollos que hoy luchan por juntar el ganado incluso para la vacunación contra la aftosa. En esa superficie, donde conviven decenas de productores con miles de cabezas en libertad, el sistema de identificación electrónica enfrenta riesgos físicos de pérdida constante por el tipo de vegetación (algarrobo, vinales)», explicó Dolce.
El impacto económico en el bolsillo del productor
Otro de los puntos centrales de su exposición fue la brecha de costos entre el sistema actual y el que se pretende implementar. Según los datos relevados por equipos técnicos y veterinarios del SENASA en la región:
- Caravanas plásticas: El costo ronda los $70.000 por cada 100 cabezas.
- Caravanas electrónicas: El valor asciende a los $305.000 por el mismo lote.
Ante este escenario, Dolce solicitó al presidente de la Comisión y a sus pares considerar una segmentación por zonas, diferenciando a las provincias con topografía de monte (como Chaco, Formosa y Corrientes) de las regiones de llanura como Santa Fe o La Pampa, donde la tecnología podría ser más viable.
El objetivo final, según el legislador, es «llegar a un entendimiento entre todas las partes» que no castigue la rentabilidad ni la operatividad de los productores del norte argentino ante una normativa que parece diseñada para otras realidades geográficas.