Un nuevo revés judicial golpea la política social del Gobierno nacional. El Juzgado Federal de Campana ordenó suspender el cierre del programa “Volver al Trabajo” y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar con el pago de las prestaciones a miles de beneficiarios en todo el país.
La medida cautelar fue dictada por el juez Adrián González Charvay, tras un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular que denunciaron que la eliminación del plan implicaba dejarlos sin su único ingreso.
El programa otorgaba una asignación mensual de $78.000 y había sido creado en 2024 para reemplazar al “Potenciar Trabajo”. Sin embargo, el Gobierno había decidido darlo de baja de manera abrupta en abril de 2026, sin garantizar una alternativa concreta para quienes dependían de ese ingreso.
Un fallo contra el recorte
En su resolución, el magistrado fue contundente: la eliminación de una prestación de carácter alimentario sin un reemplazo equivalente puede vulnerar derechos básicos. En ese sentido, remarcó que el Estado no puede retroceder en materia de derechos sociales sin justificación suficiente.
El fallo también pone el foco en la situación de extrema vulnerabilidad de los beneficiarios, quienes dependen del programa para cubrir necesidades básicas. Para la Justicia, cortar ese ingreso de forma repentina implica un daño inmediato y directo.
Vouchers sin garantías
El Gobierno había anunciado que el plan sería reemplazado por un sistema de “vouchers para capacitación”, pero los propios demandantes advirtieron que ese esquema carece de definiciones claras y no asegura ingresos ni cobertura real.
Ese vacío fue clave para la decisión judicial: no existe, por el momento, un mecanismo que reemplace de manera efectiva la asistencia económica que recibían los trabajadores.
Orden inmediata y conflicto abierto
La resolución obliga al Ministerio de Capital Humano a restablecer los pagos en un plazo de tres días y mantenerlos hasta que haya una sentencia definitiva.
El fallo se suma a otros pronunciamientos recientes que cuestionan decisiones del Ejecutivo en materia social y deja abierto un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y sectores vulnerables.
Mientras tanto, miles de beneficiarios quedan a la espera de definiciones de fondo, en medio de un escenario económico que sigue profundizando la tensión social.