En la provincia del Chaco se desató un fuerte conflicto entre el Gobierno provincial y los trabajadores del Ministerio de Producción tras la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial que se venía abonando desde 2015. Empleados del área advierten que la medida implica una quita de hasta el 95% de sus ingresos mensuales, fue adoptada de manera unilateral y vulnera derechos adquiridos, mientras que desde el Gobierno sostienen que el esquema era irregular y debía corregirse.
La situación quedó expuesta en las últimas horas con asambleas, protestas internas y comunicados difundidos por los trabajadores, quienes aseguran que la eliminación del FEP impacta de lleno en los salarios del sector. “El Gobierno nos quitó gran parte del sueldo”, manifestaron, al tiempo que anticiparon la continuidad de medidas gremiales y posibles acciones legales.
En diálogo con Perfil, Raúl Cantero Garcilazo, trabajador del Ministerio de Producción e integrante del gremio UPCP, explicó que el conflicto se inició al advertir que el fondo no estaba siendo cargado dentro de los plazos administrativos habituales. “Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban vencidos. Aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, nos movilizamos más de 200 trabajadores”, relató.
Según detalló, el Ministerio cuenta con unos 600 empleados, todos alcanzados por la medida. “El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un trabajador de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar entre 600 y 700 mil pesos de bolsillo”, precisó.
Cantero Garcilazo también cuestionó el procedimiento adoptado por el Ejecutivo. “En la reunión de la mesa técnica fue un monólogo. Nos dijeron que cobrábamos mal, que éramos ‘bendecidos’ y que deberíamos agradecer que no nos pidan devolver lo percibido”, señaló.
La legalidad del fondo, en debate
Desde el sector laboral sostienen que el FEP constituye un derecho adquirido, respaldado por normativa vigente. “El fondo se percibe desde 2015. Primero por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Nunca fue objetado por el Tribunal de Cuentas ni por la Contaduría General”, afirmó el dirigente gremial.
Además, rechazó que los empleados se apropien de recursos específicos. “La recaudación va a Rentas Generales. El fondo se paga con recursos del Estado, no con multas ni fiscalizaciones. Eso quedó claro, pero no fue escuchado”, expresó.
Los trabajadores también denunciaron que la decisión se tomó durante el receso administrativo, con una “celeridad llamativa”, y en un contexto de deterioro de la cobertura del INSSSEP, que obliga a afrontar elevados costos en atención médica, además de la falta de respuestas para los jubilados del sector.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo provincial, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, defendió la medida y aseguró que el esquema vigente era contrario a la normativa provincial. Según explicó, el fondo había sido instrumentado mediante una resolución ministerial de la gestión anterior que vulneraba una ley que establece la intangibilidad de determinados recursos.
“Las multas y sanciones que aplica el Estado ingresaban a una cuenta provincial y luego se transferían directamente a los empleados. Los dictámenes de los órganos de control determinaron que ese uso del dinero no correspondía y que debía ir a las arcas del Estado”, sostuvo en declaraciones radiales.
Meiriño remarcó que la decisión fue tomada por instrucción del gobernador Leandro Zdero, con el objetivo de “ordenar” el esquema salarial y evitar desigualdades dentro del Ejecutivo. “No puede ser que en concepto de fondo estímulo algunos cobren el 300% del sueldo y otros no. Tenemos que modificar la ley y establecer reglas claras”, afirmó.
Si bien aclaró que no se responsabiliza a los trabajadores por la situación, reconoció que el nuevo esquema “no va a ser lo mismo” que el anterior.
Mientras el Gobierno avanza con la derogación de las resoluciones que daban sustento al Fondo Estímulo Productivo, los trabajadores del Ministerio de Producción ratificaron la continuidad del reclamo. “No es un ordenamiento, es un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados”, advirtieron.