El gobierno de Javier Milei dispuso este jueves la suspensión del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en el marco de una decisión vinculada a una denuncia por presuntas maniobras de “espionaje ilegal” dentro del edificio gubernamental.
La medida se conoció luego de que cronistas intentaran ingresar a Balcarce 50 y fueran informados de la prohibición de acceso. Según fuentes oficiales, la disposición incluye la revisión de los sistemas de acreditación y el uso de registros biométricos, en el marco de un refuerzo de los controles internos.
La denuncia que originó la medida
El Ejecutivo fundamenta la decisión en una denuncia presentada por la Casa Militar contra dos periodistas del canal TN, luego de que uno de ellos utilizara lentes inteligentes con capacidad de grabación para registrar imágenes en zonas comunes de la Casa de Gobierno.
Desde el Gobierno señalan que el episodio podría encuadrarse en una posible maniobra de espionaje, hipótesis que el presidente Milei ha mencionado en declaraciones públicas y en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron resoluciones judiciales ni pruebas públicas que confirmen esa calificación.
Suspensión generalizada de acreditaciones
Como consecuencia de la denuncia, la Casa Rosada decidió suspender de manera “transitoria” todas las acreditaciones de prensa, sin distinción entre medios o periodistas. La medida implica, en los hechos, la restricción del acceso habitual de la prensa a la sede del Poder Ejecutivo.
Fuentes del Gobierno sostienen que la decisión busca prevenir posibles filtraciones o registros no autorizados dentro del edificio.
Antecedentes recientes
No es la primera vez que el Ejecutivo adopta decisiones de este tipo. Semanas atrás, ya se había restringido el ingreso de determinados medios tras una denuncia vinculada a un supuesto financiamiento extranjero para campañas de desinformación, acusación que no tuvo avances judiciales y fue luego desactivada.
Tensión con la prensa
La nueva restricción abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación, en un contexto de creciente tensión por el acceso a la información pública y el funcionamiento de la cobertura periodística en Casa de Gobierno.