Un fuerte cruce mediático entre un funcionario del Ejecutivo provincial y un conocido comunicador volvió a poner bajo la lupa el destino de los fondos públicos destinados a la publicidad oficial. La discusión, que rápidamente se viralizó, expuso cifras millonarias y reabrió el debate sobre la transparencia, los criterios de distribución y el uso político de la pauta estatal en un contexto de crisis social y económica.
El episodio se produjo tras el regreso del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, de un viaje a Brasil. Lo que parecía una reaparición institucional sin mayores sobresaltos derivó en un tenso intercambio con el conductor Gustavo Olivello, en el que ambos se lanzaron acusaciones directas vinculadas a sus ingresos y al financiamiento estatal.
La frase que marcó el punto más alto del enfrentamiento fue contundente: el funcionario afirmó que su salario equivale apenas al 10% de lo que el comunicador percibiría mensualmente en concepto de pauta oficial. Lejos de descomprimir el conflicto, la declaración encendió aún más la polémica.
Según datos que circulan en ámbitos gubernamentales, la emisora vinculada a Olivello recibiría entre 20 y 25 millones de pesos mensuales del Estado provincial. Las cifras, nunca desmentidas oficialmente, generaron un fuerte rechazo en distintos sectores que denuncian un reparto discrecional de la publicidad oficial, concentrado en medios y voces alineadas con la gestión.
Más allá del cruce personal, el episodio dejó al descubierto una discusión de fondo: mientras se ajustan presupuestos, se paralizan obras y se multiplican los conflictos sociales, la pauta oficial continúa fluyendo en montos que muchos califican como desproporcionados. Para analistas y observadores políticos, el intercambio no hizo más que exhibir una estructura de beneficios cruzados entre poder político y mediático.
La escena también expuso una contradicción difícil de justificar: funcionarios y comunicadores discutiendo quién cobra más del Estado, mientras amplios sectores de la ciudadanía enfrentan salarios congelados, despidos y un deterioro sostenido de los servicios públicos.
Tras el cruce, crecieron los reclamos para que el Ejecutivo provincial brinde información clara y detallada sobre los contratos de publicidad oficial: montos, criterios de asignación y objetivos reales. La pregunta que sobrevuela es tan simple como incómoda:
¿la pauta estatal está pensada para informar a la población o para sostener lealtades mediáticas con recursos que salen del bolsillo de todos?