Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de La Pampa para frenar la reciente modificación de la Ley de Glaciares 26.639, sancionada por el Congreso el pasado 9 de abril.
El planteo, impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, solicita además una medida cautelar para suspender la aplicación de la reforma en todo el país hasta que se resuelva su constitucionalidad.
La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 850 mil firmas de ciudadanos, además del acompañamiento de referentes como Marta Maffei y entidades como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Cuestionamientos a la reforma
La ley original, aprobada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establecía un marco de protección para los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce.
Sin embargo, las organizaciones denuncian que la modificación implica un “retroceso en materia ambiental”, ya que según sostienen flexibiliza los criterios de protección y habilita mayor discrecionalidad a las provincias para definir áreas protegidas.
También cuestionan el proceso legislativo, al señalar que hubo limitaciones en la participación ciudadana. Según indicaron, de más de 100 mil inscriptos en una audiencia pública, menos del 0,2% pudo exponer, lo que consideran una vulneración a los estándares del Acuerdo de Escazú.
Riesgo ambiental y pedido a la Justicia
En el escrito judicial, los demandantes advierten que la reforma podría habilitar actividades extractivas en zonas protegidas, incluyendo áreas glaciares y periglaciares identificadas en estudios del IANIGLA.
Además, recuerdan que en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ya había ratificado la constitucionalidad de la ley original, estableciendo que las provincias no pueden reducir los estándares mínimos de protección ambiental fijados a nivel nacional.
La medida cautelar busca suspender cualquier autorización o actividad derivada de la nueva normativa hasta que haya una definición judicial de fondo.
En este contexto, las organizaciones convocaron a una conferencia virtual abierta para este martes, donde brindarán detalles de la presentación y responderán consultas.
