El Gobierno nacional fijó su posición frente al avance de la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscó bajarle el tono político al caso. Desde la Casa Rosada señalaron que la investigación “no afecta la gestión” y remarcaron que el funcionario deberá responder en el ámbito judicial.
En ese sentido, el canciller Pablo Quirno sostuvo que “hay que separar la cuestión privada de la pública” y afirmó que el caso “no tiene ningún impacto” en el funcionamiento del Gobierno. Además, subrayó que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito es impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y pone el foco en el origen de los fondos utilizados por Adorni para adquirir propiedades, realizar refacciones y financiar viajes al exterior.
El punto más sensible del expediente es una vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la investigación, el inmueble no había sido declarado inicialmente ante la Oficina Anticorrupción y su operación incluyó distintos movimientos: un pago inicial, una hipoteca y unos US$245.000 destinados a refacciones.
El contratista de la obra, Matías Tabar, declaró ante la Justicia que ese monto fue abonado en efectivo y sin facturación formal, en trabajos que incluyeron remodelaciones integrales de la propiedad. Desde el entorno del funcionario rechazaron esas cifras y adelantaron que solicitarán peritajes para determinar el valor real de las obras.
Otro de los bienes bajo análisis es un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por unos US$30.000, además de gastos en viajes internacionales que superan los US$24.600 entre pasajes y hotelería.
A esto se suman deudas que alcanzarían los US$335.000, vinculadas tanto a operaciones inmobiliarias como a compromisos con acreedores particulares.
En total, los investigadores analizan movimientos económicos que superan los US$600.000, un volumen que, junto con la modalidad de pagos en efectivo y la omisión inicial de bienes, alimenta las sospechas en la causa.
Mientras tanto, desde el Gobierno buscan despegar la situación judicial de la gestión diaria y sostienen que será la Justicia la que determine el curso del expediente.
