El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó fuertes cuestionamientos sobre transparencia estatal, control patrimonial de funcionarios y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei.
Las observaciones aparecen dentro del apartado denominado “Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks” (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), incorporado en el reporte elaborado por el staff técnico del organismo.
El documento se conoció en medio de la controversia política que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las investigaciones periodísticas vinculadas a sus vuelos al exterior, el crecimiento de su patrimonio y la demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial.
Aunque el FMI respaldó la política económica del Gobierno y destacó las medidas de desregulación impulsadas desde diciembre de 2023, el organismo dejó fuertes advertencias sobre los mecanismos institucionales de control en Argentina.
“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostuvo el staff técnico.
Además, el organismo remarcó que “los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.
La referencia a los retrasos en la publicación de declaraciones juradas generó especial repercusión política debido a que el plazo original para presentar la documentación patrimonial de funcionarios vencía el 30 de mayo y posteriormente fue prorrogado hasta el 31 de julio por el Gobierno nacional.
El informe también cuestionó los mecanismos de control sobre conflictos de interés.
“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, advirtió el FMI.
En paralelo, el organismo internacional incluyó un duro diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino.
“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostuvo el documento.
El reporte agregó además que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.
Según el staff técnico, la situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.
Las críticas del FMI aparecieron pese al fuerte respaldo político y financiero que el organismo mantiene sobre el programa económico del Gobierno de Javier Milei.
En el mismo informe, el Fondo elogió la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y las reformas orientadas a la desregulación económica.
El staff destacó que las medidas oficiales permitieron reducir “espacios históricamente asociados a prácticas corruptas”, mencionando especialmente la eliminación de controles, la simplificación de regulaciones y la reducción de mecanismos administrativos discrecionales.
Sin embargo, el organismo planteó que la estabilidad económica de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos institucionales de transparencia, control patrimonial y funcionamiento judicial independiente.
Entre las principales recomendaciones, el FMI pidió “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés” e “incrementar la transparencia en contrataciones públicas y privatizaciones”.
El informe incluso sugirió avanzar en modificaciones y fortalecimientos vinculados a la Ley de Ética Pública.
La publicación del documento reavivó el debate político sobre transparencia, control estatal y rendición de cuentas de los funcionarios públicos, en un contexto de creciente tensión alrededor del oficialismo y de las investigaciones periodísticas que involucran a integrantes del Gobierno nacional.
