La soga judicial se sigue achicando alrededor del gobernador. Con el fantasma de las multas personales pisándole los talones por no acatar la manda del Superior Tribunal de Justicia, el mandatario provincial empuja un proyecto a la Legislatura para prohibir la indexación salarial. Una maniobra al límite que lo deja expuesto en su pulseada directa contra la Constitución.
El cerco judicial e institucional en torno a la gestión de Leandro Zdero llegó a un punto crítico. Atrapado entre los plazos fatales dictados por los tribunales laborales y la presión de un conflicto docente que no da tregua, el Ejecutivo ensayó una pirueta legislativa desesperada: enviar a la Legislatura el proyecto de ley N° 331/26 con el objetivo central de aniquilar por ley la cláusula gatillo.
Sin embargo, detrás de la letra chica de la iniciativa se esconde una maniobra de supervivencia para intentar zafar de las consecuencias legales de su propia desobediencia.
El peso de la ley y el delito de desobedecer
La cronología de este expediente no da margen a interpretaciones benévolas. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a través del Interlocutorio N°103, fue tajante al confirmar que el Gobierno desoyó la Sentencia N°70 del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Ante el vencimiento de los treinta días hábiles otorgados en mayo para enviar un proyecto que restituyera el mecanismo de actualización salarial del artículo 47 de la Ley 647-E, la Justicia comenzó a hacer efectivo el apercibimiento: multas diarias (astreintes) de carácter estrictamente personal que impactan de lleno en el patrimonio del mandatario.
En los pasillos tribunalicios la lectura es lapidaria: al negarse sistemáticamente a cumplir con la manda constitucional de preservar el valor real de los haberes docentes —acumulando cinco trimestres de congelamiento desde 2025—, el Ejecutivo incurre en una flagrante violación de sus deberes como funcionario público, chocando de frente contra la intangibilidad salarial que consagra el artículo 87 de la Constitución Provincial.
Una trampa legislativa para eludir el fallo
Ante la inminencia del embargo de sus bienes y el costo político de pagar multas por desobediencia, la administración de Zdero ideó una estrategia de doble vía tan peligrosa como insólita:
- Formalmente, remite un proyecto a la Legislatura para aparentar un supuesto acatamiento a la exigencia de enviar normas al recinto.
- Materialmente, el artículo 7 de la iniciativa hace exactamente lo contrario a lo ordenado por los jueces: prohíbe de plano cualquier indexación automática, blindando el ajuste fiscal y sepultando la cláusula gatillo.
Es decir, el Ejecutivo utiliza el ámbito legislativo no para cumplir con la Justicia y devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores, sino para intentar fabricar un paraguas legal que convalide su propio incumplimiento y frene las penalidades económicas.
Con todo el arco sindical unificado en pie de guerra, los tribunales computando multas diarias por desobediencia y una jugada parlamentaria que roza el fraude procesal, el conflicto docente en Chaco se convirtió en una bomba de tiempo institucional sin coartadas que alcancen.