La jugada política del Ejecutivo chaqueño es, a esta altura, una pirueta desesperada. Mientras la Justicia lo tiene contra las cuerdas con un ultimátum de treinta días y la amenaza latente de astreintes (multas diarias) de carácter personal, la administración de Leandro Zdero mandó a la Legislatura el proyecto de ley N° 331/26. ¿El objetivo de fondo? Intentar esquivar el cumplimiento efectivo del fallo judicial bajo la chicana de una nueva redacción normativa.
La cronología de los hechos desnuda una estrategia tan calculada como peligrosa en el terreno institucional.
El reloj corre y el fantasma de los bolsillos propios
En mayo, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por Silvana Gómez y Silvia Suárez dictó el Interlocutorio N°103, dándole al mandatario un plazo perentorio de treinta días hábiles para cumplir con el mandato del Superior Tribunal de Justicia (STJ): enviar al recinto una norma que restituya el mecanismo de actualización salarial consagrado en el artículo 47 de la Ley 647-E (Estatuto Docente).
El tribunal pulverizó la coartada del Ministerio de Hacienda que intentaba zafar con los aumentos mezquinos de la Ley de Presupuesto 2026 (N°4194-F) y le advirtió que si seguía cajoneando la manda judicial, las sanciones económicas iban a golpear directamente el patrimonio personal del gobernador.
La maniobra: mandar un proyecto para aniquilar lo que la Justicia exige devolver
Con la soga al cuello por las multas diarias y los reclamos de cinco actualizaciones trimestrales sin aplicar desde 2025, el Ejecutivo optó por una pirueta legal insólita: envió un proyecto a la Legislatura, pero redactado en la vereda opuesta a la que ordenaron los jueces.
En lugar de restituir la cláusula gatillo como exige el STJ para calmar el frente judicial, el artículo 7 del proyecto N° 331/26 establece textualmente que las subas no constituirán mecanismos automáticos de indexación ni se atarán a la inflación.
- Para los jueces: El Ejecutivo «cumple» formalmente con el envío de un proyecto a la Legislatura y, con eso, intenta dilatar o entorpecer la ejecución de las multas personales.
- Para los gremios: Es una provocación monumental que busca sepultar por ley el sistema de actualización para blindar el ajuste fiscal a costa de los bolsillos docentes.
Entre la presión implacable de los tribunales laborales, el repudio unificado de todo el arco sindical y una jugada legislativa que roza el desacato encubierto, el conflicto en Chaco se encamina a un callejón sin salida donde el costo político e institucional amenaza con estallarle al Gobierno en la cara.