El Gobierno provincial formalizó una iniciativa que busca prohibir por ley los mecanismos automáticos de indexación salarial. La medida desató la furia de todo el arco sindical docente, que la calificó como un golpe mortal al poder adquisitivo en medio de un conflicto judicial irresuelto y cinco trimestres de actualizaciones congeladas.
El conflicto educativo en Chaco escaló a niveles de máxima tensión. El Ejecutivo provincial, encabezado por Leandro Zdero, envió a la Legislatura chaqueña el proyecto de ley N° 331/26, una iniciativa que generó un terremoto político al proponer la prohibición explícita de cualquier esquema de actualización salarial atado a la evolución de los precios.
En la mira: el artículo 7 y el fin de la cláusula gatillo
El epicentro de la bronca sindical se concentra en el artículo 7 del texto enviado al recinto. La normativa establece de manera taxativa que las subas en los haberes no constituirán mecanismos automáticos de indexación ni generarán incrementos vinculados exclusivamente a los índices inflacionarios.
Para los gremios, esto significa ni más ni menos que aniquilar de un plumazo la histórica cláusula gatillo, el sistema que funcionaba como el único dique de contención frente a la escalada inflacionaria para preservar el valor real de los salarios.
Las organizaciones sindicales recordaron que este movimiento choca frontalmente con el artículo 47 de la Ley 647-E (Estatuto del Docente), el cual obliga al Estado a presupuestar los ajustes necesarios para resguardar los haberes y demanda la activación de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.
El telón de fondo: desobediencia judicial y multas
El envío de este proyecto se da en un contexto de altísima efervescencia en los tribunales. La disputa judicial por la cláusula gatillo arrastra meses de cruces:
- El antecedente de mayo: La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, integrada por las juezas Silvana Gómez y Silvia Suárez, dictó el Interlocutorio N°103 donde constató que el Ejecutivo incumplió la manda del Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitida en marzo.
- Rechazo a las excusas: El tribunal pulverizó el informe del Ministerio de Hacienda —que intentaba justificar el cumplimiento con aumentos generales previos de la Ley de Presupuesto 2026 (N°4194-F)— y ratificó que la ley exige un acto normativo específico para el sector docente.
- La presión sobre el mandatario: Ante el vencimiento de los plazos otorgados por la Justicia para que se enviara una norma restitutiva, la causa avanzó hacia un escenario de sanciones conminatorias y multas diarias (astreintes) de carácter personal contra el gobernador por persistir en el incumplimiento.
Frente sindical unificado
Ante la pinza que forman el proyecto restrictivo en la Legislatura y el congelamiento de cinco actualizaciones trimestrales pendientes desde 2025, todo el arco gremial docente cerró filas para exigir el cese del ajuste y una urgente convocatoria a paritarias.
La resistencia nuclea a una larga lista de organizaciones de la provincia:
- ATECH
- UTRE CTERA
- Federación SITECH
- SADOP
- AMET
- UDA
- FIUD
- SECH
- ACHABI
- SITECH SUDESTE
- FESIDOCH
- ADOCH
Con la pelota en la cancha de la Legislatura chaqueña y la lupa de la Justicia sobre los despachos oficiales, el debate promete encenderse aún más en las próximas semanas.
