La Procuraduría de Investigaciones Administrativas cuestionó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi y asumió el impulso de la acción penal que había dejado de promover el fiscal Eduardo Taiano. El organismo reclamó nuevas medidas para esclarecer el recorrido del dinero, las comunicaciones entre los involucrados y los posibles acuerdos comerciales vinculados al criptoactivo.
La causa por el caso $LIBRA volvió a abrirse paso en los tribunales luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentara formalmente en el expediente y apelara el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve investigados.
El organismo cuestionó la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien el viernes 23 de octubre había dispuesto el cierre de la causa a pedido del fiscal Eduardo Taiano. La PIA asumió el impulso de la acción penal y reclamó que se profundicen distintas líneas de investigación que, a su criterio, todavía presentan interrogantes sin resolver.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la valoración de las pruebas. Para la procuraduría, los indicios reunidos durante la investigación no deben analizarse de manera aislada, sino en conjunto, y todavía es necesario avanzar con medidas para reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y examinar comunicaciones e investigar posibles acuerdos comerciales relacionados con el lanzamiento y posterior derrumbe del token.
Los argumentos del sobreseimiento
En su resolución, Martínez de Giorgi encuadró el cierre de la causa en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye delito. El magistrado sostuvo que los sucesos denunciados no se encuadraban en una figura penal.
Entre sus fundamentos, consideró que no se había acreditado un engaño penalmente relevante ni un acuerdo entre Milei y Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto. También entendió que no existían elementos suficientes para sostener que Karina Milei hubiera recibido dinero o solicitado pagos a cambio de organizar encuentros con el Presidente.
Sin embargo, el fallo reconoció que la intervención pública de Milei pudo haber tenido consecuencias sobre el comportamiento de los compradores. El 14 de febrero de 2025, a las 19.01, el mandatario difundió el proyecto en su cuenta de X junto con la dirección del contrato del token. Luego de esa publicación, el precio pasó de alrededor de un centavo de dólar a casi cinco dólares, antes de desplomarse.
El juez consideró que el mensaje presidencial pudo haber otorgado al proyecto una visibilidad particular e influido en la confianza de algunos compradores. No obstante, distinguió esa posible incidencia de la existencia de una representación falsa de la realidad y entendió que no alcanzaba para demostrar la comisión de un delito.
También tomó en cuenta un informe de la Oficina Anticorrupción, que caracterizó la publicación como un acto individual o privado, sin utilización de recursos públicos ni intervención institucional.
Las pruebas que la PIA considera pendientes
La presentación de la procuraduría puso el foco en varias medidas que, según su planteo, todavía deben concretarse para esclarecer lo ocurrido.
Entre ellas se encuentra la reconstrucción de los movimientos financieros vinculados al lanzamiento y al posterior derrumbe de $LIBRA. El organismo también reclamó profundizar el análisis de las comunicaciones entre los participantes del proyecto y determinar si existieron acuerdos comerciales, comisiones u otros compromisos económicos.
Uno de los puntos que genera interrogantes son los contactos entre Milei y el empresario Mauricio Novelli. Durante el análisis del teléfono de este último se encontraron dos conversaciones eliminadas con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP”, además de registros de llamadas con el Presidente. Sin embargo, el contenido de esos intercambios no pudo establecerse.
La investigación tampoco logró reconstruir por completo el recorrido del dinero. Entre las medidas solicitadas figuraba el congelamiento de 44.593.888,562 USDC, una criptomoneda estable vinculada al dólar. Los pedidos de cooperación judicial internacional tampoco permitieron obtener toda la información requerida a Estados Unidos.
A esto se sumaron movimientos en cajas de seguridad que quedaron vacías luego de registrarse depósitos y retiros, además de cuestionamientos sobre el tratamiento de la evidencia digital y la cadena de custodia.
Para la PIA, las dificultades técnicas para acceder a determinada información y las respuestas incompletas de algunas plataformas no justifican dar por terminada la investigación. Por el contrario, considera que esos obstáculos hacen necesario profundizar las medidas para esclarecer las operaciones y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.