La escena está meticulosamente diseñada para el manual de la comunicación oficial: personas privadas de la libertad transformadas en operarios solidarios, fabricando camas y cuchetas en tiempo récord para asistir a las familias chaqueñas arrasadas por la emergencia hídrica. Desde la óptica que promueven el gobernador Leandro Zdero y su gabinete, la jugada se presenta como un indiscutible «cambio de paradigma»: orden, disciplina intramuros, prohibición de celulares y un Estado eficiente que canaliza el esfuerzo del encierro hacia las necesidades de la calle. Sin embargo, cuando se cruza este operativo con la letra fría de los decretos oficiales y el manejo de los fondos millonarios, la puesta en escena hace agua por todos lados.
Utilizar la mano de obra carcelaria para fabricar mobiliario de emergencia encubre una peligrosa maniobra de desplazamiento de responsabilidades. Mientras se enaltece la labor artesanal de los internos en carpintería y herrería como prueba de una gestión supuestamente austera, el Estado elude dar explicaciones de fondo sobre el destino real de los recursos públicos. El caso testigo de la Administración Provincial del Agua (APA) ilustra a la perfección el núcleo del problema: mediante el Decreto Provincial N° 2/2026, el Gobierno declaró la emergencia hidrometeorológica hasta el 31 de agosto de 2026 a raíz de registros extraordinarios como los más de 400 mm caídos en Resistencia y 450 mm en Barranqueras durante diciembre de 2025. Para hacer frente al colapso, la norma habilitó a la APA un fondo especial de hasta $1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones), exceptuando además las contrataciones de los controles legales habituales bajo el argumento de la urgencia.
Aquí radica la paradoja cínica del sistema y la utilización política del encierro. Mientras los presos lijan maderas y sueldan hierros con recursos escasos para paliar la catástrofe con lo puesto, los mil quinientos millones de pesos asignados a la APA y los presupuestos extraordinarios parecen evaporarse en el laberinto de la opacidad y la discrecionalidad burocrática. Se recurre al trabajo dentro de las penitenciarías no solo como una herramienta de reinserción social su fin constitucional original, sino como un recurso publicitario destinado a conmover a la opinión pública y desviar el foco de las sospechas financieras sobre el manejo de los fondos hídricos.
El interno que construye una cucheta para un evacuado cumple una función social genuina, pero su esfuerzo corre el riesgo de ser instrumentalizado por el poder político para disimular la falta de respuestas estructurales y la escasez de transparencia en la ejecución del dinero público. Una administración seria no puede tercerizar su responsabilidad operativa en la buena voluntad de la población carcelaria mientras los presupuestos millonarios de organismos clave se licuan sin que el ciudadano vea obras de defensa definitivas en los barrios vulnerables.
Exigir que los internos trabajen y se capaciten es una obligación del Estado; exigir que el Ejecutivo rinda cuentas de adónde van los dineros de la emergencia es un mandato democrático ineludible. Cuando el marketing del esfuerzo penitenciario se utiliza como cortina de humo para disimular la impericia en la gestión de los recursos hídricos, la solidaridad desde el encierro deja de ser un puente hacia la dignidad para convertirse en la coartada perfecta del poder político.