Una denuncia judicial pidió investigar a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, luego de que el presidente Javier Milei afirmara que el Gobierno expulsó a 30.000 personas a las que calificó como “terroristas” entre 2025 y 2026.
La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien solicitó que se investigue si existieron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que eventualmente pudiera surgir de la investigación. Se trata, por el momento, de una denuncia y no de una determinación judicial de responsabilidad.
Los dichos de Milei que originaron la polémica
El planteo surgió después de una entrevista de Milei con Luis Majul en LN+, emitida el 27 de septiembre. Allí, el mandatario sostuvo que durante 2025 habían sido expulsados 10.000 “terroristas” y que durante 2026 la cifra alcanzaba otros 20.000. También afirmó que se trataba de personas provenientes de otros países que buscaban perjudicar su modelo de gobierno.
Las cifras generaron cuestionamientos porque las estadísticas migratorias disponibles no muestran 30.000 expulsiones específicamente vinculadas con terrorismo.
Chequeado informó que durante 2025 se produjeron 772 expulsiones por distintos delitos y que los registros consultados no identifican expulsiones específicas por terrorismo.
Además, el propio Ministerio de Seguridad informó el 18 de septiembre que durante 2026 se habían contabilizado más de 20.000 extranjeros entre expulsados, rechazados en frontera e inadmitidos, categorías migratorias diferentes que no equivalen, por sí mismas, a casos de terrorismo.
Piden documentación para determinar qué ocurrió
La denuncia busca que la Dirección Nacional de Migraciones entregue información detallada sobre las expulsiones y rechazos registrados durante 2025 y 2026, discriminados según sus respectivas causales.
También solicita establecer cuántas de esas personas estaban incluidas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y conocer las resoluciones administrativas que respaldaron las medidas.
Entre otras diligencias, Carreras pretende que el Ministerio de Seguridad aporte documentación e informes que permitan determinar cuál fue el sustento de las cifras mencionadas públicamente por Milei.
La controversia deberá ahora transitar el ámbito judicial, mientras permanece abierta una cuestión central: determinar a qué casos concretos se refería el Presidente cuando habló de 30.000 “terroristas” expulsados y cómo se relaciona esa cifra con los registros oficiales sobre expulsiones, rechazos e inadmisiones de extranjeros.