La situación política y judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaran una denuncia penal en su contra por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de omisión maliciosa en la declaración de bienes, además de señalar una presunta falsedad en el informe escrito de gestión que presentó ante el Congreso. Según los denunciantes, las inconsistencias detectadas revelarían una supuesta intención deliberada de ocultar parte de su patrimonio, lo que, de comprobarse, podría derivar en consecuencias penales.
La denuncia se conoció apenas un día después de que Adorni presentara una declaración jurada rectificativa en la que reconoció haber omitido informar aproximadamente 500.000 dólares en efectivo. Ese reconocimiento generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y motivó la presentación de iniciativas parlamentarias para interpelarlo e incluso impulsar una moción de censura que podría derivar en su salida del cargo.
En el ámbito legislativo, bloques de la oposición y sectores dialoguistas expresaron preocupación por las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete respecto de la evolución de su patrimonio. La controversia abrió un debate sobre los mecanismos de control y transparencia aplicables a los funcionarios públicos de alto rango.
La investigación judicial
Mientras tanto, la Justicia federal comenzó a analizar la documentación patrimonial presentada por el funcionario. La fiscalía interviniente ya cuenta con las declaraciones juradas públicas remitidas por la Oficina Anticorrupción y trabaja en la revisión de la evolución patrimonial declarada, así como de las diferencias detectadas entre distintas presentaciones realizadas ante organismos de control.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que aún resta incorporar las declaraciones juradas reservadas, documentación que contiene información patrimonial sensible como cuentas bancarias, activos financieros y otros datos que no son de acceso público. La incorporación de ese material es considerada clave para determinar si existe correspondencia entre los bienes declarados, los ingresos percibidos y los movimientos financieros registrados.
Además, trascendió que entre los aspectos bajo análisis figura información vinculada a una cuenta asociada a operaciones con criptomonedas, cuyos detalles aún forman parte de la investigación en curso.
Por el momento, la causa se encuentra en etapa preliminar y no existe una imputación formal ni una resolución judicial definitiva sobre los hechos denunciados. La fiscalía deberá evaluar la documentación reunida para determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o impulsar una investigación más profunda sobre la situación patrimonial del funcionario.
