La grave denuncia pública realizada por un médico de Quitilipi puso al descubierto un mecanismo de hostigamiento sistemático en las rutas provinciales, donde se utilizan datos biométricos falsamente asociados a causas judiciales para amedrentar a voces críticas de la gestión. Las miradas apuntan al jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero, mientras el gobierno de Leandro Zdero mantiene un sugestivo silencio ante prácticas que configuran un virtual espionaje ilegal.
La provincia del Chaco se encuentra en el centro de un turbio escándalo político e institucional con repercusión en todo el país. La utilización de las fuerzas de seguridad provinciales para vigilar, hostigar y llevar adelante tareas que lindan con el espionaje ilegal contra referentes críticos del gobierno de Leandro Zdero quedó al desnudo a partir del testimonio brindado por un profesional de la salud que cumple funciones en el CIC de Machagai y reside en Quitilipi. Detrás de esta maquinaria de persecución digital, las críticas se concentran directamente sobre el jefe de la Policía provincial, el comisario general Fernando Romero, cuya cúpula optó por el silencio institucional.
Zdero utiliza operativos de persecución y hostigamiento contra los críticos de su gestión
El caso expone un modus operandi alarmante: controles viales montados sobre la Ruta 16 donde la fuerza policial exhibe alertas de «falsa peligrosidad» o restricciones judiciales en dispositivos móviles, utilizando la fotografía real, los datos biométricos y la filiación familiar de ciudadanos cuya única «falta» es disentir públicamente con las políticas de ajuste de la administración provincial.
El «carpetazo» en la ruta y la sombra de la cúpula policial
El gravísimo episodio tuvo lugar cuando el médico fue interceptado a la altura de Colonia Bores. Lejos de tratarse de un control vehicular rutinario, los efectivos le exigieron verificar los datos cargados en el sistema informático policial, donde figuraban su rostro y su número de documento vinculados a una supuesta restricción judicial.
Tras un intrincado raid por dependencias oficiales y consultas informales, se confirmó lo obvio: el profesional no registra antecedentes penales ni causas en rebeldía. La coartada esgrimida por la fuerza intentó reducirlo a un «error en el sistema de asociación de datos biométricos». Sin embargo, la víctima advirtió sobre la explícita intencionalidad política de este espionaje digital: «Yo no quiero ni siquiera pensar, pero este tipo de situación me obliga a pensar si alguien de arriba no dio la orden de que se carguen mis datos biométricos asociados a una persona que tiene problemas judiciales».
A la cabeza de esa estructura de seguridad se encuentra el comisario general Fernando Romero, un funcionario de extrema confianza del poder ejecutivo que conduce una fuerza fuertemente cuestionada por implementar operativos de control ideológico y psicológico contra la oposición y los trabajadores públicos.
Un silencio que aturde frente a prácticas de persecución
A pesar de la gravedad institucional de los hechos y de la viralización del caso, ni el Ministerio de Seguridad, ni la Jefatura de Policía a cargo de Fernando Romero, ni el propio gobernador Leandro Zdero se han pronunciado al respecto.
Este hermetismo oficial es interpretado por distintos sectores sociales y políticos como una validación tácita de métodos de amedrentamiento y espionaje ilegal que retrotraen a las etapas más oscuras de la vida democrática. Convertir los sistemas de identificación policial en un recurso de hostigamiento para que cualquier ciudadano crítico tema ser detenido arbitrariamente en una ruta transforma al Chaco en un territorio donde las garantías constitucionales quedan gravemente vulneradas.