El aparato represivo del gobierno provincial suma un nuevo y gravísimo episodio de amedrentamiento. Un médico de Quitilipi fue interceptado en la Ruta 16 por un control policial que exhibía una supuesta «restricción judicial» armada con sus datos biométricos reales, su foto y los nombres de sus padres. Las alarmantes coincidencias con prácticas de espionaje y control ideológico a opositores.
La escalada autoritaria en la provincia del Chaco sumó este fin de semana un testimonio de extrema gravedad institucional que desnuda los métodos de hostigamiento aplicados por las fuerzas de seguridad bajo la administración del gobernador Leandro Zdero. Un médico que cumple funciones en el CIC de Machagai y reside en Quitilipi denunció públicamente haber sido víctima de un operativo de control montado con su información personal y biométrica, vinculada de manera artificiosa a causas judiciales inexistentes.
El hecho ocurrió en horas de la mañana sobre la Ruta 16, a la altura de Colonia Aborigen. El profesional de la salud, identificado como Víctor Hugo Ramírez, fue interceptado por efectivos policiales que, tras solicitarle el documento, le exigieron que observara los datos cargados en el teléfono celular particular de la agente actuante. Allí comenzó una secuencia propia de un estado de sitio encubierto: la pantalla reflejaba la fotografía exacta de su DNI, sus datos filiatorios completos incluyendo los nombres de su padre y su madre y una franja amarilla con la leyenda «posible restricción».
“Imagínense ustedes la vergüenza, imagínense la incertidumbre, imagínense la locura de todo esto. La verdad que no le encuentro todavía explicación”, relató con profunda angustia el médico afectado al dar a conocer lo sucedido.
Un modus operandi que enciende todas las alarmas
Tras momentos de extrema tensión e incertidumbre en plena ruta, donde se le advirtió que figuraba con un inconveniente judicial y que debía «consultar con un abogado», el profesional comenzó un raid de averiguaciones por sus propios medios ante la falta de respuestas claras de la propia fuerza provincial.
Un conocido comisario retirado confirmó posteriormente que se trataba de una maniobra donde los datos biométricos del médico habían sido cruzados o asociados digitalmente en el sistema con los de otra persona buscada por la justicia. Más tarde, al acudir a la división de antecedentes personales en Sáenz Peña y comunicarse con la central operativa, le informaron que se trataba de un supuesto error administrativo y que «no debía preocuparse» porque en futuros controles le permitirían continuar viaje.
Sin embargo, la respuesta oficial no logra disipar la gravedad política del hecho. El propio médico advirtió sobre el trasfondo de persecución ideológica que subyace detrás de este tipo de episodios:
“Ustedes saben además que yo soy muy crítico de este gobierno provincial, muy crítico. Me parece una locura esto que estamos viviendo del ajuste sin fin, del hambre, la crotería que está pasando la gente, los empleados públicos, los maestros, los enfermeros, la misma policía… Yo no quiero ni siquiera pensar, pero este tipo de situación me obliga a pensar si alguien de arriba no dio la orden de que se carguen mis datos biométricos asociados a una persona que tiene problemas judiciales”.
El fantasma de la persecución política y la advertencia en las rutas
El relato pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos ciudadanos y referentes locales que alzan la voz frente a las políticas de ajuste implementadas por la gestión de Leandro Zdero. Según trascendió a través de fuentes policiales consultadas de manera informal por la propia víctima, el riesgo real radica en que cualquier efectivo sin vocación de esclarecimiento o con intenciones intimidatorias detenga a un ciudadano catalogado como «incómodo» para el poder político, transformando un supuesto error de sistema en una privación ilegítima de la libertad.
“Tengo la captura de lo que a la policía le figuraba en su celular”, advirtió Ramírez, quien adelantó que evaluará los pasos legales a seguir para frenar este mecanismo de hostigamiento que vulnera las garantías constitucionales más elementales y reinstala prácticas de vigilancia incompatibles con la democracia.