El juez federal Ariel Lijo le concedió otros 15 días al exfuncionario para presentar su descargo. La Fiscalía había detectado inconsistencias vinculadas con inmuebles, vehículos, dólares en efectivo, criptomonedas, préstamos familiares y movimientos financieros.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni recibió una prórroga de 15 días para responder ante la Justicia por una serie de inconsistencias detectadas en el análisis de su patrimonio y el de su grupo familiar.
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, luego de que Adorni solicitara más tiempo para preparar su descargo y acceder a documentación incorporada al expediente.
El exfuncionario pidió específicamente tener acceso a archivos y documentos obtenidos del teléfono del contratista Matías Tabar, considerado un testigo relevante en la investigación. El magistrado autorizó la entrega de copias del material, que será realizada este miércoles 26 de agosto, y concedió la extensión del plazo.
20 puntos bajo la lupa
La Fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, había requerido que Adorni explique el origen y la evolución de determinados bienes y fondos que aparecen en sus declaraciones patrimoniales.
El requerimiento está compuesto por 20 puntos que incluyen desde dólares en efectivo hasta operaciones inmobiliarias, vehículos, criptomonedas y movimientos bancarios.
Entre los aspectos que deberá aclarar aparecen:
- El origen de dólares en efectivo declarados.
- Préstamos atribuidos a familiares.
- La compra de un Jeep.
- La adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá.
- La construcción y remodelación de una vivienda por aproximadamente US$245.000.
- La compra de muebles para un departamento ubicado en Miró 550.
- El origen de los fondos utilizados para adquirir ese inmueble.
- Herencias, donaciones e ingresos exentos utilizados para explicar parte del incremento patrimonial.
- Dinero en efectivo destinado a viajes, alquileres y gastos escolares.
- Pagos realizados por terceros en operaciones vinculadas al grupo familiar.
- Operaciones con criptomonedas y activos virtuales.
- Movimientos bancarios, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
- Comprobantes y facturas que no pudieron ser conciliados con medios de pago.
- Deudas declaradas con el Banco Galicia.
- Honorarios notariales relacionados con operaciones inmobiliarias.
- Consumos efectuados mediante tarjetas utilizadas por personas del entorno.
- Una facturación superior a $4 millones de una concesionaria.
- Acreditaciones no salariales recibidas en una cuenta sueldo.
- Las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550.
- Las mejoras declaradas sobre el inmueble del Country Indio Cuá.
Una investigación por presunto enriquecimiento ilícito
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó dudas sobre determinados gastos y movimientos patrimoniales que, según su presentación, podrían resultar desproporcionados respecto de los ingresos legítimos de Adorni como funcionario público.
Posteriormente, la denuncia tuvo nuevas ampliaciones realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
La Fiscalía analizó documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información relacionada con activos virtuales y testimonios.
A partir de ese análisis, Pollicita elaboró el requerimiento de 20 puntos que ahora Adorni deberá responder.
La causa continúa
La prórroga otorgada por Lijo no implica una resolución sobre la responsabilidad del exfuncionario, sino que le permite contar con más tiempo para presentar documentación y explicaciones frente a las observaciones formuladas por la Fiscalía.
Ahora, la Justicia deberá evaluar las respuestas de Adorni y determinar si las explicaciones y documentación aportadas permiten aclarar las inconsistencias señaladas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
