La investigación por el paradero de Axel Alejandro González el joven de 21 años visto por última vez el 17 de mayo en la zona metropolitana de Resistencia sumó nuevos ruidos institucionales y una fuerte disputa legal en torno a las pruebas incorporadas durante el receso de invierno. Mientras pericias químicas recientes sobre prendas y elementos secuestrados arrojaron resultados negativos para rastros hemáticos humanos, la aparición de un mensaje intimidatorio reavivó la polémica política y judicial.
El contenido del mensaje y la respuesta de la defensa
El conflicto se desató a fines de julio, cuando un sobre marrón anónimo, confeccionado con recortes de letras de diarios, fue depositado en la vereda de la Defensoría Oficial Nº 12 de Resistencia. El texto aseguraba que el cuerpo del joven habría sido descartado en un horno de ladrillos en la zona de Campo Largo, apuntando de forma directa contra sectores del entorno investigado.
Ante el movimiento de la fiscalía de turno para relevar cámaras y resguardar elementos, los abogados defensores Miguel Ángel Barceló y Macarena Guadalupe Barceló Fogar quienes representan a los imputados Antonio Íñiguez y Leonardo Silva presentaron un formal recurso de oposición y un pedido de nulidad. Los letrados cuestionaron la forma en que se incorporó el material durante la feria judicial, denunciando irregularidades procedimentales y exigiendo que la pieza sea excluida del legajo principal.
El impacto político y las dudas en la causa
La causa, que se tramita tás la denununcia de la Madre de Axel, Gómez, María Inés (actualmente bajo la órbita del Equipo Fiscal Nº 14 tras la declinación de competencia del fuero de Derechos Humanos), mantiene a múltiples detenidos entre familiares y allegados, además de haber motivado la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación con una recompensa oficial para quienes aporten datos útiles.
Sin embargo, la falta de certezas científicas en las últimas pericias y los planteos defensivos sobre el manejo de la prueba profundizan el escrutinio de organizaciones sociales y de derechos humanos, que continúan exigiendo respuestas al Estado provincial sobre las circunstancias que rodean el caso.
