Grave retroceso democrático. El entramado de control institucional en la provincia gobernada por Leandro Zdero sumó un capítulo alarmante que ya repercute a nivel país. La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina lanzó un durísimo alerta institucional tras la suspensión preventiva y acusación del Dr. Gustavo Rodolfo Lineras, juez de la Cámara Primera en lo Criminal de la II Circunscripción Judicial de Chaco.
La medida, adoptada por el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento local mediante la Resolución N.° 394, fue calificada como un mecanismo de castigo y disciplinamiento por el contenido de sus decisiones jurídicas, lo que hiere de muerte la división de poderes en la provincia.
El pecado de fallar a favor de los derechos constitucionales
Según denunció la organización federal de magistrados, la acusación contra el juez Lineras tiene su origen en discrepancias políticas respecto a una sentencia dictada en el marco de una acción de hábeas corpus preventivo herramienta constitucional fundamental para resguardar la libertad de las personas frente a los abusos y los actos de fuerza del Estado.
Para la Red de Jueces, utilizar los órganos de enjuiciamiento para dirimir discrepancias procesales o fallos que no le gustan al poder político de turno representa una «desnaturalización del proceso». El comunicado advierte que el oficialismo chaqueño pretende transformar discusiones técnicas (como la imposición de costas u honorarios) en supuestas conductas de «máxima gravedad» para remover a los jueces que se animan a ponerle un límite al Ejecutivo.
«Cualquier respuesta disciplinaria basada exclusivamente en el criterio adoptado por el magistrado importa un serio retroceso en materia de garantías constitucionales», fustigó la Red en el documento emitido este 22 de junio.
Un mensaje de disciplinamiento: Sembrar el miedo en los tribunales
La jugada del Consejo de la Magistratura chaqueño no busca solo desplazar a Lineras, sino disciplinar a toda la familia judicial. La Red de Jueces fue explícita al señalar el «efecto disuasorio» (es decir, el temor a represalias) que esta medida proyecta sobre el conjunto de la judicatura. Si un juez sabe que puede ser suspendido de su cargo por firmar un hábeas corpus que incomode al poder central, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunes queda totalmente desamparada.
El comunicado recuerda que los estándares nacionales e internacionales de la ONU exigen que los jueces actúen libres de presiones y condicionamientos externos, ya que «la independencia judicial no constituye un privilegio de quienes integran el Poder Judicial; es una garantía de la ciudadanía».
Al desnudo: El modus operandi de la pata judicial
Esta grave denuncia nacional encastra a la perfección con el reclamo de los movimientos sociales y pueblos originarios del norte chaqueño. Paralelamente al escándalo institucional, las comunidades wichí de Misión Nueva Pompeya que mantuvieron un acampe histórico de 16 días denunciaron que el Gobierno de Chaco utilizaba el «cambio constante de jueces» e intimaciones judiciales como una maniobra de desgaste para perseguir la protesta social.
Allí donde la interpretación del derecho choca contra los intereses del Ejecutivo de Zdero, la respuesta institucional no es apelar los fallos por las vías legales, sino activar la maquinaria disciplinaria para perseguir, apartar o adoctrinar magistrados. La democracia chaqueña, bajo un severo estado de alerta.
