La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el gobierno de Javier Milei y dejó firmes las medidas cautelares que obligan al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
La decisión del máximo tribunal implica que el Ejecutivo deberá garantizar las actualizaciones salariales para docentes y no docentes universitarios, además de cumplir con los fondos destinados a becas estudiantiles.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano al considerar que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
El fallo se produjo en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno había intentado suspender la aplicación de artículos centrales de la ley vinculados al financiamiento salarial y las becas universitarias.
Impacto sobre los salarios docentes
Con esta decisión judicial, el Gobierno queda obligado a avanzar con la recomposición salarial universitaria desde diciembre de 2023, tal como establece la normativa aprobada por el Congreso.
En el sector docente esperan que la medida permita consolidar una actualización cercana al 30%, además de los incrementos ya anunciados por la administración nacional.
Días atrás, el Gobierno había informado una suba del 24,33% para docentes y no docentes de las más de 60 universidades nacionales: un 21,33% en junio y otro 3% en octubre.
Sin embargo, desde los gremios universitarios sostienen que la pérdida salarial acumulada durante los últimos meses continúa siendo significativa y remarcan que la ley obliga a una recomposición más amplia.
Celebración en las universidades
Tras conocerse la decisión de la Corte, autoridades universitarias destacaron el fallo como un respaldo al sistema público de educación superior.
Uno de los primeros en expresarse fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien celebró la resolución a través de redes sociales. “Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, escribió.
La resolución judicial representa además un nuevo límite institucional para el Gobierno nacional en medio del conflicto abierto con las universidades públicas por el financiamiento, los salarios docentes y el sostenimiento presupuestario del sistema educativo superior.
