Un productor rural de 25 años fue imputado por la Justicia federal acusado de explotar laboralmente a trabajadores provenientes del Chaco en un campo de frutillas ubicado en la localidad santafesina de Arroyo Leyes. La fiscalía sostiene que al menos 20 personas fueron víctimas de trata con fines de reducción a la servidumbre y solicitó una pena de 8 años de prisión.
La investigación se inició en septiembre de 2025, luego de que tres trabajadores lograran escapar del predio y denunciaran las condiciones en las que eran obligados a trabajar. A partir de ese testimonio, se realizó un allanamiento en octubre, donde se detectó a decenas de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Según la acusación, la mayoría de los trabajadores había sido trasladada desde localidades chaqueñas como San Bernardo y La Clotilde, bajo promesas laborales que no se cumplieron. Una vez en el lugar, el empleador les descontaba gastos de traslado y otros costos, generando un sistema de endeudamiento que dificultaba su salida.
Las condiciones de vida eran precarias: dormían en galpones improvisados, sin acceso a agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas. Además, debían higienizarse en zonas rurales y consumir agua almacenada en recipientes utilizados para agroquímicos.
En cuanto a las condiciones laborales, los trabajadores cumplían jornadas de más de 12 horas diarias, de lunes a lunes, con descansos mínimos y salarios por debajo de lo establecido legalmente.
Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron dinero en efectivo, armas de fuego, documentación y una camioneta que habría sido utilizada en la logística del traslado de los trabajadores.
Para la fiscalía, el caso evidencia un sistema organizado de explotación basado en el aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de las víctimas, lo que configura un grave delito contra los derechos humanos.
La causa se encuentra ahora en etapa de control de acusación, donde se definirá si el expediente avanza a juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Mientras tanto, las víctimas reciben asistencia por parte de organismos estatales especializados.
