Un productor rural de 25 años será llevado a juicio oral acusado de someter a trabajadores chaqueños a condiciones de extrema explotación en un campo de frutillas en Santa Fe. La causa, impulsada por la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), solicita una pena de 8 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de servidumbre.
La investigación se inició en septiembre de 2025, luego de que un grupo de trabajadores lograra escapar y denunciar la situación en una comisaría. A partir de allí, el 1 de octubre se realizó un allanamiento en el establecimiento rural, donde fueron halladas decenas de personas viviendo en condiciones degradantes.
En total, se detectaron 45 trabajadores, aunque la acusación se centró finalmente en 20 víctimas. La mayoría provenía de localidades chaqueñas como San Bernardo y La Clotilde, y habían sido trasladados bajo promesas laborales que nunca se cumplieron.
Según la fiscalía, el acusado financiaba los pasajes de traslado y luego descontaba esos montos de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que impedía a los trabajadores abandonar el lugar.
Condiciones extremas
Los testimonios recolectados describen un escenario alarmante. Los trabajadores dormían en galpones precarios, con techos de chapa, pisos de tierra y cajones de madera utilizados como camas. Para higienizarse, debían internarse en el monte y bañarse con baldes, mientras que el agua que consumían era almacenada en bidones que previamente habían contenido agroquímicos.
Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y podían extenderse por más de 12 horas, sin descanso semanal y con salarios por debajo de los mínimos legales.
Uno de los relatos incorporados al expediente refleja el nivel de agotamiento: los trabajadores cumplían turnos divididos entre la madrugada y la tarde-noche, durmiendo apenas una o dos horas por día, con dolores físicos constantes y sin posibilidad de recuperación.
Asistencia a las víctimas
El caso cuenta con la intervención de programas estatales que brindan asistencia psicológica y social a las víctimas, en el marco de políticas destinadas a combatir la trata de personas y la explotación laboral en el ámbito rural.
La causa ahora avanza hacia el juicio oral, donde se buscará determinar la responsabilidad penal del acusado en uno de los casos más graves de explotación laboral registrados en la región en los últimos años.