La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas de prueba con la citación a distintos testigos clave para reconstruir la operación inmobiliaria del departamento ubicado en Caballito.
El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la venta del inmueble, quien habría intervenido en la reserva de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500. El testigo deberá presentarse el próximo 22 de abril y aportar su teléfono celular como parte de la investigación.
En paralelo, también fueron convocados la dueña de la inmobiliaria que intervino en la operación, Natalia Rucci, junto a su esposo Marcelo Trimarchi, además del encargado del edificio y otras personas vinculadas a operaciones inmobiliarias relacionadas con el funcionario.
Las citaciones se enmarcan en una serie de medidas impulsadas por la fiscalía con el objetivo de determinar la trazabilidad de la operación y analizar el movimiento patrimonial del jefe de Gabinete, quien adquirió el inmueble en noviembre de 2025 por un valor declarado cercano a los 230 mil dólares.
Uno de los puntos centrales bajo análisis es la estructura financiera del acuerdo, que incluyó una hipoteca por 200 mil dólares sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el contrato prevé la restitución del inmueble, lo que también es objeto de evaluación judicial.
La escribana que intervino en la operación, Adriana Nechevenko, declaró ante la Justicia que se trató de una compraventa con hipoteca y aseguró que no hubo préstamos en efectivo ni irregularidades, calificando la operación como “normal”. Sin embargo, la fiscalía mantiene el foco en la lógica económica del acuerdo y en el rol de los distintos actores intervinientes.
El expediente se inició a partir de una denuncia que alertó sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario, donde se señaló un incremento patrimonial significativo en un corto período. A partir de ello, la Justicia avanza en la recolección de testimonios y documentación para determinar si existieron irregularidades en la operatoria.
Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita del fiscal Pollicita, quien evalúa nuevas medidas en función de los elementos que surjan de las declaraciones y del análisis de la información reunida hasta el momento.