La causa judicial que involucra a Manuel Adorni sumó un capítulo clave y elevó su nivel de gravedad. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario en el marco de una investigación que busca determinar el origen de su patrimonio y el financiamiento de operaciones personales.
La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y apunta directamente al corazón de la causa: seguir la ruta del dinero y verificar si existen movimientos incompatibles con los ingresos declarados.
El eje de la investigación: los viajes y el dinero
Uno de los focos principales del expediente es el financiamiento de viajes realizados por Adorni, entre ellos un vuelo privado a Uruguay junto a su familia. La Justicia intenta determinar quién pagó esos traslados y si existió algún tipo de beneficio indebido.
En ese sentido, Lijo ordenó levantar el secreto no solo sobre el funcionario, sino también sobre empresas vinculadas que habrían financiado esos viajes, con el objetivo de analizar sus movimientos bancarios y capacidad económica.
Los registros incorporados a la causa indican que uno de los vuelos habría costado alrededor de 4.800 dólares, mientras que el paquete completo superaría los 40.000 dólares, cifras que ahora están bajo análisis judicial.
Qué información podrá ver la Justicia
Con el levantamiento del secreto, la fiscalía podrá acceder a:
- Cuentas bancarias y movimientos financieros
- Transferencias, depósitos y consumos
- Créditos, inversiones y plazos fijos
- Información fiscal completa
- Operaciones realizadas a través de empresas vinculadas
El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero y detectar posibles irregularidades o inconsistencias.
Empresas y entorno bajo la lupa
La investigación no se limita al funcionario. También apunta a firmas privadas que habrían intervenido en el financiamiento de sus actividades. En particular, se analiza si esas empresas tienen vínculos con el Estado, lo que podría configurar un conflicto de intereses.
Además, la Justicia busca determinar si los fondos utilizados fueron declarados correctamente y si las operaciones tienen respaldo legal.
Pedido de informes al Gobierno
En paralelo, el juez solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei para establecer si los viajes del funcionario tuvieron carácter oficial o si existió algún tipo de autorización administrativa, viáticos o respaldo institucional.
También se pidió acceso a cámaras de seguridad del aeropuerto para reconstruir los movimientos vinculados al viaje.
Un punto de inflexión en la causa
El levantamiento del secreto bancario y fiscal marca un cambio de etapa en el expediente. Ya no se trata solo de analizar declaraciones o documentos aportados, sino de acceder directamente a la trazabilidad real del dinero.
La medida no implica una condena, pero sí coloca a Manuel Adorni en una situación judicial más comprometida, con la investigación enfocada en determinar si hubo enriquecimiento ilícito, dádivas o incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.
En un contexto político tenso, el avance de la causa agrega presión sobre el Gobierno y abre un nuevo frente de conflicto, donde la Justicia empieza a revisar en profundidad no solo los bienes declarados, sino el entramado financiero detrás del funcionario.