Un informe fulminante del Tribunal de Cuentas revela el trasfondo de las salidas de Carina Botteri Disoff y Sonia Galarza. El organismo inició juicios de cuentas por falta de comprobantes, gastos no justificados e irregularidades en comedores escolares.
RESISTENCIA – Lo que el Gobierno provincial presentó como cambios de gabinete por «oxigenación», hoy tiene una explicación técnica y mucho más grave. La Resolución N° 164/25 del Tribunal de Cuentas del Chaco ha desnudado un escenario de desmanejo administrativo en el Ministerio de Desarrollo Humano durante el ejercicio 2024, que involucra una cifra global de $47.273.940,85 bajo investigación.
El origen del conflicto
El organismo de control decidió no aprobar la totalidad de las cuentas de dicha cartera, derivando a la instancia de Juicio Administrativo de Responsabilidad una suma millonaria para dilucidar las responsabilidades de los funcionarios intervinientes. El foco de la tormenta se centra en el manejo de fondos que debían destinarse a los sectores más vulnerables.
Las piezas del rompecabezas: De Botteri Disoff a Galarza
La crisis administrativa atraviesa las dos gestiones que tuvo el ministerio en menos de un año:
- Carina Gabriela Botteri Disoff: Fue desplazada de su cargo mediante el Decreto N° 1865/24 firmado por el gobernador Leandro Zdero el 7 de octubre de 2024. El Tribunal le inicia juicio de cuentas por infracciones a la Ley N° 1092-A y al Régimen de Contrataciones.
- Sonia Gabriela Galarza: Designada el mismo 7 de octubre para suplir la vacante, también quedó envuelta en el proceso legal. El Tribunal le reclama responsabilidad por infracciones a los artículos 131 y 132 de la Ley de Administración Financiera en relación con convenios para Comedores Escolares.
Los datos más alarmantes
El documento oficial detalla irregularidades específicas que los funcionarios deberán explicar o pagar de su propio bolsillo:
- Documentación Faltante: Se formuló un cargo por $5.794.720,00 contra la Subsecretaria de Articulación, Verónica Paola Vargas, y otros funcionarios por fondos cuyo destino no pudo ser acreditado.
- Gastos No Justificados: El Tribunal detectó múltiples partidas sin respaldo, incluyendo montos de $369.476,43, $1.921.900,70 y $2.472.169,66 en diferentes expedientes.
- Responsabilidad Solidaria: El juicio alcanza también a los cuadros técnicos, como el Director de Administración Juan José Rojas, el Subsecretario Ariel Alejandro Frete y el ex Director Juan Manuel Romero.
Consecuencias inmediatas
Al tratarse de un Juicio de Cuentas, los implicados enfrentan no solo la mancha en su legajo público, sino la posibilidad cierta de una condena patrimonial. Si en la etapa de descargo no logran presentar las facturas y los procesos legales de contratación exigidos, el Estado ejecutará sus bienes para recuperar los millones perdidos.
Este escándalo pone en jaque el discurso de transparencia administrativa y sugiere que la salida de ambas ministras en octubre de 2024 fue el intento del Ejecutivo por frenar un incendio documental que hoy, finalmente, salió a la luz.