Pese al anuncio del envío de la reforma electoral al Congreso, en la Casa Rosada admiten que el objetivo de eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no cuenta con el respaldo legislativo suficiente y ya analizan alternativas para modificar la estrategia original.
Funcionarios del Gobierno reconocen que “la mayoría de los bloques no quiere eliminarlas ni suspenderlas”, lo que complica el tratamiento del proyecto tal como fue planteado inicialmente. En ese contexto, crece el escepticismo respecto de la viabilidad política de la iniciativa.
“Los votos no están y dudo que estén. Lo que podemos hacer es enviar el proyecto, pelearla lo más que podemos y de última pensar en suspenderlas o en un plan B”, admiten fuentes oficiales. Entre las alternativas en análisis aparece la posibilidad de convertir las PASO en optativas, bajo un esquema de Primarias Abiertas y Simultáneas no obligatorias.
El Ejecutivo había planteado la eliminación del sistema como parte de su narrativa de campaña contra lo que denomina “la casta”. Sin embargo, la falta de acuerdos legislativos obliga a recalcular la estrategia en el Congreso.
En paralelo, el Gobierno busca sumar apoyos incorporando otros puntos a la reforma, como el proyecto de Ficha Limpia, que vuelve a instalarse en la agenda parlamentaria tras su frustrado intento en 2025. La intención es atraer a bloques aliados, entre ellos sectores del PRO, aunque por ahora sin garantías de consenso.
El paquete también incluye otras modificaciones, como la eliminación del financiamiento público de partidos políticos y el endurecimiento de requisitos para obtener personería jurídica nacional.
Según estimaciones oficiales, la eliminación de las PASO implicaría un ahorro superior a los 150 millones de dólares para el Estado.
Por el momento, no hay fechas definidas para el inicio del debate legislativo y el proyecto ingresará al Congreso sin una hoja de ruta cerrada ni acuerdos previos con las distintas fuerzas políticas.
