La causa que investiga la compra de un departamento en Caballito por parte de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración de un testigo clave que asegura que el funcionario mantiene una deuda en dólares no registrada.
Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendieron la propiedad, quien declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y afirmó que financió refacciones por un total de 65.000 dólares. Según su testimonio, ese dinero debía ser devuelto por fuera de la operación formal.
Feijoo habló de un “acuerdo de palabra” con Adorni: el reintegro se concretaría cuando el funcionario vendiera otra propiedad en Parque Chacabuco. Sin embargo, no existen documentos que respalden ese compromiso, lo que agrega un elemento sensible al expediente judicial.
La investigación, que lleva adelante Pollicita junto al juez Ariel Lijo, busca determinar si la compra del inmueble —ubicado en la calle Miró al 500— se realizó en condiciones irregulares o por fuera de los valores de mercado.
Según consta en la causa, el departamento fue adquirido por Adorni en 230 mil dólares, cuando las vendedoras lo habían comprado previamente en 200 mil. El acuerdo incluyó un anticipo de 30 mil dólares y una financiación del resto mediante una hipoteca sin interés a un año, un esquema poco habitual que despertó sospechas.
A esto se suma la tasación de martilleros que ubicaron el valor del inmueble en torno a los 345 mil dólares, muy por encima del monto de la operación. Los intermediarios señalaron que quienes participaron del negocio se presentaban como inversores dedicados al “flipping”, es decir, compra, refacción y reventa de propiedades.
En paralelo, la causa también se expande hacia el análisis del patrimonio y los gastos del funcionario. La fiscalía investiga viajes al exterior y dentro del país —incluyendo destinos como Aruba, Cancún y Nueva York— para determinar si son compatibles con los ingresos declarados.
Mientras se esperan nuevas testimoniales y documentación clave, la declaración de Feijoo introduce un punto crítico: la existencia de un presunto circuito de dinero no registrado que podría modificar el eje de la investigación.