El cierre definitivo de la sede de la empresa Contactus en Fontana, Chaco, ha escalado hasta convertirse en un grave conflicto social y legal que deja a 85 trabajadores en total desprotección. La crisis expone un complejo escenario donde la empresa culpa al Gobierno provincial por una millonaria deuda, mientras que los empleados denuncian un calvario de despidos encubiertos, salarios impagos y hostigamiento laboral constante.
La versión empresarial: Asfixia financiera y millonaria deuda estatal
Documentación oficial presentada el 13 de julio de 2026 ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Chaco revela la postura de la compañía. A través de su apoderado legal, Juan Pablo Mosquera, la firma CONTACTUS S.A. (CUIT 30-71758399-6) apuntó directamente contra la administración provincial.
- Deuda reclamada: La empresa alega que el Gobierno de Chaco mantiene una deuda exigible de $166.384.785,55.
- Origen de los fondos: Dicho monto corresponde a un beneficio previamente autorizado en el marco del Régimen de Promoción de Call Center (Ley 1669-F y Decreto N° 1165/25).
- Incumplimiento denunciado: Según la defensa legal de la compañía, la administración provincial cumplía sistemáticamente hasta marzo de 2025, pero interrumpió los pagos a partir de abril de 2026, afectando múltiples expedientes administrativos.
- Justificación de la crisis: La empresa argumenta que esta «asfixia financiera» le impidió abonar la totalidad de los salarios de junio y hacer frente a las indemnizaciones y liquidaciones finales de los empleados desvinculados.
El drama humano: «Terminabas tu jornada y te notificaban el despido»
En la vereda opuesta, el testimonio de los afectados refleja una realidad marcada por la precariedad y la presión psicológica. Una ex empleada de la firma relató la crudeza de los meses previos al cierre de la sede.
- Despidos escalonados: Según explicó, las cesantías comenzaron de forma paulatina a fines del año pasado. «Esto viene pasando desde noviembre. Terminabas tu jornada laboral y te decían que pasaras por Recursos Humanos. Ahí te notificaban que estabas despedido», relató.
- Salarios de miseria e indemnizaciones impagas: El pasado 6 de julio, cuando debía efectivizarse el pago de junio, los trabajadores recibieron sumas irrisorias. “Hubo compañeros que cobraron apenas 15.000 pesos y a otros les depositaron 238.000 pesos. A mí todavía no me terminaron de pagar junio y tampoco me indemnizaron”, afirmó.
- Impacto en la salud mental: La ex trabajadora denunció un ambiente de extrema presión emocional, señalando que el personal lidiaba con reclamos continuos y que varios compañeros terminaron bajo tratamiento psicológico. Además, aseguró haber trabajado desde diciembre de 2024 hasta julio de este año sin tomarse vacaciones.
Situación actual
Actualmente, las instalaciones de la empresa en Fontana se encuentran prácticamente vacías, con la presencia exclusiva del personal de mantenimiento. Mientras los expedientes administrativos y los reclamos formales avanzan en la Subsecretaría de Trabajo a la espera de una respuesta del poder ejecutivo provincial, las 85 familias afectadas enfrentan un futuro incierto, exigiendo la cancelación definitiva de sus haberes y la regularización de sus indemnizaciones.
