El Ejecutivo recurrió la decisión judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, mientras rectores, docentes, no docentes y estudiantes preparan una nueva movilización para el 15 de octubre. El conflicto atraviesa los fondos para las universidades, los salarios y las becas estudiantiles.
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno Nacional apelara el fallo del juez federal Martín Cormick, que había ordenado aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declarado inconstitucional el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para condicionar su implementación.
La decisión judicial había sido impulsada a partir de presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo dispuso que el Ejecutivo avance con las medidas necesarias para poner en marcha la norma y garantizar los recursos previstos.
En paralelo, rectores y organizaciones gremiales universitarias preparan una nueva movilización hacia el Congreso Nacional para el 15 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la ley, la recomposición salarial y mayores recursos para las casas de estudios.
La apelación del Gobierno
Desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación de la norma implica gastos que no cuentan con partidas específicas en el Presupuesto y que corresponde al Congreso determinar de dónde deben surgir los recursos necesarios.
Ese es uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para cuestionar la decisión judicial y recurrir el fallo. La administración nacional había condicionado la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025, mecanismo que fue objetado por el juez Cormick.
La Justicia, en cambio, consideró que el Poder Ejecutivo debía avanzar con la implementación de la ley y señaló que la normativa contempla herramientas para realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias.
Reclamos por salarios y becas
El conflicto también tiene un fuerte componente salarial.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la apelación presentada por el Gobierno y sostuvo que la decisión busca postergar la aplicación de una norma sancionada por el Congreso y ratificada posteriormente.
El dirigente también cuestionó el nivel de los salarios universitarios y afirmó que un acuerdo paritario firmado en junio contemplaba una recomposición del 24,3% en dos tramos, además de un incremento para los gastos de funcionamiento y recursos para los hospitales universitarios.
Según Cagnacci, ese acuerdo no habría sido cumplido en los términos establecidos.
Otro de los puntos de preocupación está relacionado con las becas estudiantiles. El dirigente cuestionó particularmente el monto de la beca Progresar, que ubicó en $35.000 antes de descuentos, y planteó que ese valor resulta insuficiente para sostener los gastos de un estudiante universitario.
El presupuesto universitario, en el centro del conflicto
La discusión también se cruza con el debate por el Presupuesto 2027.
Desde el sistema universitario se reclama una mayor asignación de recursos para afrontar salarios, funcionamiento, investigación, becas y hospitales universitarios.
De acuerdo con declaraciones recogidas en el marco del conflicto, Cagnacci cuestionó que el proyecto presupuestario contemple una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades.
El CIN, por su parte, presentó ante legisladores una propuesta presupuestaria para 2027 por unos $11 billones, según información difundida durante las últimas semanas.
Movilización al Congreso el 15 de octubre
Mientras la disputa judicial continúa, la comunidad universitaria prepara una nueva jornada de movilización.
Rectores y rectoras de universidades nacionales, junto con docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre.
La jornada tendrá como uno de sus principales reclamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la actualización de salarios y becas y el refuerzo de los recursos destinados al sistema universitario.
La apelación del Gobierno vuelve así a trasladar el conflicto al ámbito judicial, mientras la comunidad universitaria mantiene su reclamo en las calles y el financiamiento de las universidades se convierte también en uno de los puntos centrales de la discusión del Presupuesto 2027.
