El Ejecutivo recurrió la sentencia del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El caso será revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, apeló este jueves el fallo judicial que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La presentación busca revertir la decisión del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la norma a la determinación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes.
Con la apelación, el expediente pasará a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá revisar la sentencia de primera instancia.
Qué cuestionó el juez Cormick
Días atrás, Cormick hizo lugar a los amparos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, incluida la presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras después del veto presidencial. En su resolución, ordenó al Gobierno avanzar con el cumplimiento de la normativa y dictar las disposiciones necesarias para ponerla en práctica.
La ley contempla medidas de financiamiento para las universidades públicas, actualizaciones salariales para docentes y no docentes, y recursos destinados a becas y al funcionamiento de las instituciones.
El recorrido legislativo de la ley
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. En septiembre de ese año, Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025, pero Diputados y el Senado insistieron con la sanción original y reunieron las mayorías de dos tercios necesarias para rechazar el veto.
Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento. Ese punto fue el centro de la controversia judicial que derivó en el fallo de Cormick.
Qué puede pasar ahora
La Cámara deberá analizar los argumentos presentados por el Gobierno y resolver si confirma, modifica o revoca la decisión del juez de primera instancia.
La apelación abre una nueva etapa en el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades nacionales por la aplicación de la ley. Mientras avanza el trámite judicial, continúan los reclamos de rectores y gremios universitarios por el financiamiento de las instituciones y la recomposición de los salarios docentes y no docentes.