El juez federal Martín Cormick dispuso una multa de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete por no cumplir una medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
El Gobierno nacional enfrenta una nueva presión judicial por el conflicto con las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick ordenó aplicar una sanción económica al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución, conocida este miércoles, establece una multa de $100.000 por cada día de demora en cumplir con las obligaciones dispuestas por la Justicia. Además, el magistrado advirtió que podrá aumentar el monto e incluso extender las sanciones a otros funcionarios si persiste el incumplimiento.
La decisión respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había solicitado medidas concretas ante la falta de avances en la actualización de los salarios universitarios y de los recursos destinados a las becas estudiantiles.
Qué ordenó la Justicia al Gobierno
El conflicto se centra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos de recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de la actualización de los fondos destinados a los estudiantes.
Según los cálculos incorporados al expediente judicial, la recomposición salarial prevista representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025, correspondiente a la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025.
La normativa también contempla ajustes mensuales vinculados con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro de los puntos centrales de la medida cautelar es la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar los recursos para las becas estudiantiles, un aspecto que también fue cuestionado por las autoridades universitarias.
El Gobierno no habría acreditado el cumplimiento integral
Durante el proceso, el Ejecutivo presentó documentación para sostener que estaba avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones, con argumentos relacionados con los incrementos salariales y las negociaciones paritarias.
Sin embargo, Cormick consideró que no se había demostrado el cumplimiento integral de la medida cautelar y decidió hacer efectivo el apercibimiento que había dictado el 30 de septiembre.
Antes de aplicar la sanción, el magistrado había intimado al Gobierno a regularizar la situación. Tras el vencimiento de los plazos otorgados y un pedido de prórroga, el CIN insistió en que las obligaciones judiciales continuaban pendientes.
Cómo funciona la multa contra Santilli
La sanción se instrumentó mediante astreintes, un mecanismo judicial que establece multas económicas para presionar al obligado a cumplir una resolución.
En este caso, el monto fijado es de $100.000 diarios y se mantendrá mientras continúe el incumplimiento señalado por el juez. La resolución también deja abierta la posibilidad de incrementar la suma si la medida resulta insuficiente para conseguir que se ejecute la orden.
El conflicto por el financiamiento universitario sigue abierto
La disputa judicial tiene varios frentes. La medida cautelar sobre salarios y becas continúa vigente y fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según los antecedentes mencionados en el expediente, la Corte Suprema rechazó el 25 de junio un recurso extraordinario presentado por el Estado.
Por otra parte, permanece pendiente la resolución de una apelación del Gobierno contra una sentencia de Cormick que declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025. Esa disposición condicionaba la implementación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Mientras avanza esa discusión, la obligación de cumplir con la medida cautelar permanece vigente, según lo señalado en la resolución judicial.
La sanción económica suma un nuevo capítulo al enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, en medio de los reclamos por los salarios del personal y el financiamiento del sistema universitario.