El máximo tribunal abrió un nuevo capítulo judicial sobre la derogación de la Ley de Tierras. La causa fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie junto a otros actores y plantea cuestionamientos ambientales. Los tres jueces de la Corte no alcanzaron una posición unánime y deberán intervenir dos conjueces.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner bajo análisis la derogación de la Ley de Tierras Rurales y decidió convocar a dos conjueces para intervenir en una nueva causa vinculada con el artículo 154 del DNU 70/2023.
La decisión fue adoptada durante el acuerdo del martes 6 de octubre, luego de que los tres integrantes del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no alcanzaran una posición unánime sobre cómo avanzar con el expediente.
El caso fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie y contiene cuestionamientos vinculados con la protección ambiental. La presentación también involucra a comunidades mapuches, referentes políticos y vecinos que reclaman que se analice una medida cautelar solicitada en el marco del proceso.
Un expediente diferente al caso CECIM
La nueva discusión llega pocos días después del fallo mediante el cual la Corte rechazó, por falta de legitimación procesal, una presentación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) contra la derogación de la Ley de Tierras.
Después de aquella resolución, el propio tribunal aclaró que no había definido la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y que la decisión tampoco impedía que otros planteos relacionados con la normativa llegaran a la Corte.
En ese marco, el expediente de Árbol de Pie adquirió relevancia porque plantea argumentos diferentes, vinculados especialmente con el derecho constitucional a la protección del ambiente.
La discusión sobre la propiedad de tierras rurales
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La causa de Árbol de Pie fue iniciada originalmente ante la Justicia Federal de Bariloche y posteriormente quedó vinculada con otros procesos colectivos relacionados con la misma cuestión. La Corte comenzó ahora a analizar cómo debe continuar ese expediente.
La incorporación de los conjueces permitirá completar la integración necesaria del tribunal para continuar con el tratamiento del caso.
Qué podría resolver la Corte
A partir de la información conocida hasta ahora, existen distintos caminos procesales posibles.
Uno es que la Corte analice primero la legitimación de quienes impulsaron el nuevo reclamo y determine si el caso debe continuar su trámite.
Otra posibilidad es que el expediente sea remitido nuevamente a instancias inferiores para que avance allí, dado que el planteo no tuvo todavía un pronunciamiento específico sobre el fondo.
También fue planteada, como alternativa jurídica, la posibilidad de que el máximo tribunal adopte una medida cautelar que suspenda provisoriamente los efectos de la derogación mientras analiza la cuestión de fondo. Esa alternativa ha sido mencionada por especialistas, pero no existe hasta el momento una decisión de la Corte en ese sentido.
Una definición que todavía está pendiente
La convocatoria de conjueces muestra que los tres ministros de la Corte no coincidieron sobre el camino a seguir en este nuevo expediente. Sin embargo, el paso procesal no significa por sí mismo que el tribunal haya decidido dar marcha atrás con la derogación de la Ley de Tierras.
La cuestión de fondo continúa abierta y deberá definirse a partir del tratamiento de los distintos planteos judiciales.
El próximo paso será la incorporación de los dos conjueces, que permitirá completar la integración del tribunal y avanzar en el análisis de la causa contra el artículo 154 del DNU 70/2023.