Un patrón de horror que duró ocho años y tres víctimas que rompieron el silencio dos décadas después. La Justicia reconoció los hechos, pero cerró el caso: para la ley, los testimonios llegaron tarde.
Por TV LOCAL.
Hay silencios que tardan veinte años en romperse y verdades que, cuando finalmente ven la luz, chocan contra la pared de los plazos procesales. El caso de Martín Alberto Ríos (46) es la síntesis de esa tragedia: un hombre señalado por un historial de abusos sistemáticos en el seno de su familia que, gracias al paso del tiempo, ha quedado libre de toda carga penal.
El pasado 1 de abril, mientras el país discutía agendas políticas, el juez Héctor Horacio Sandoval firmaba una resolución de apenas unos párrafos que caía como una guillotina sobre la esperanza de tres mujeres. El magistrado dictó el sobreseimiento por prescripción. No hubo una declaración de inocencia; hubo, simplemente, un reloj que dejó de correr.
El ADN del horror
La investigación del fiscal Francisco de Obaldía Eyseric había logrado reconstruir un rompecabezas siniestro. El expediente 36.880/2024-1 no era solo un papel; era el mapa de una vida marcada por la impunidad:
- El inicio (Punta Alta, 2000): Una adolescente de 17 años, cuñada de Ríos, denunció haber sido violada mientras él servía en la Armada. Las amenazas de muerte contra sus sobrinos recién nacidos sellaron sus labios por un cuarto de siglo.
- La infancia rota: Otra denunciante relató abusos iniciados cuando apenas tenía 4 años. Juegos que no eran juegos, tocamientos y acceso carnal que se extendieron hasta su adolescencia en Misiones y Chaco.
- El método: Ríos no solo usaba la fuerza; usaba el miedo. Se presentaba como una figura de autoridad intocable.
De los pasillos del poder al banquillo (que no fue)
El escándalo estalló cuando se supo que, mientras estas denuncias maduraban en la fiscalía, Ríos caminaba los pasillos del Congreso como asesor del senador nacional Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza). La política reaccionó rápido: contrato rescindido y expulsión. Pero la justicia caminó más lento.
El juez Sandoval aplicó el precedente «Ilarraz» de la Corte Suprema. Es la doctrina técnica que establece que, si el Estado no persigue el delito en un tiempo determinado, pierde la facultad de hacerlo. Es un debate ético feroz: ¿Puede prescribir el trauma de una niña? Para la jurisprudencia argentina actual, la respuesta en este caso fue un rotundo sí.
Justicia vs. Derecho
El sobreseimiento de Ríos deja un sabor amargo en la capital chaqueña. Las pruebas estaban: informes psicológicos, testimonios coincidentes y un patrón de conducta que la fiscalía consideraba probado. Sin embargo, el derecho a ser juzgado en un «tiempo razonable» benefició, paradójicamente, a quien fue denunciado por ocultar sus actos tras amenazas durante décadas.
Hoy, Martín Alberto Ríos camina libre. Las denunciantes, por su parte, enfrentan una condena diferente: la de saber que, aunque el Estado les creyó, decidió que ya no era su problema.