La Cámara de Diputados del Chaco aprobó de manera definitiva una iniciativa impulsada por Santiago Pérez Pons que crea un régimen de protección para personas que atraviesan adicciones, ludopatía u otros consumos problemáticos. La norma establece restricciones al acceso al crédito y fuertes sanciones para bancos, financieras y fintechs que incumplan.
La nueva ley crea el Registro Provincial de Protección (RPP), una herramienta gratuita y confidencial destinada a impedir o limitar el acceso al financiamiento de personas incorporadas al sistema.
La inscripción podrá realizarse de manera voluntaria, mediante un mecanismo de autoexclusión, o por vía judicial a pedido del cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Una vez incorporada al registro, la persona podrá contar con un bloqueo financiero total o parcial. En este último caso, determinadas operaciones requerirán la validación de una persona de apoyo.
El sistema emitirá un reporte automatizado de «apto» o «no apto», con el objetivo de evitar la exposición de información vinculada con la salud o las circunstancias que motivaron la inscripción.
Sanciones para bancos y fintechs
La legislación establece que bancos, emisores de tarjetas, mutuales, empresas de crédito extrabancario y fintechs deberán consultar obligatoriamente el Registro Provincial de Protección antes de otorgar determinados productos financieros.
Si una entidad concede un préstamo, adelanto o ampliación de crédito a una persona alcanzada por la restricción, podrá perder el derecho a cobrar intereses, comisiones y seguros, quedando limitado al recupero del capital nominal otorgado.
Además, la normativa contempla multas que pueden alcanzar hasta diez veces el valor del crédito concedido. Los fondos recaudados serán destinados al financiamiento de la red provincial de atención de consumos problemáticos.
En casos de reincidencia, las entidades infractoras podrán ser incorporadas a un listado público que será difundido en la página oficial del Gobierno provincial.
Restricciones a la publicidad financiera
La ley también establece restricciones para la publicidad de préstamos y productos financieros en las inmediaciones de casinos, salas de juego y centros de rehabilitación.
La prohibición alcanza además a determinados entornos digitales, aplicaciones y redes sociales cuando la publicidad pueda resultar inductiva para personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.
Tras la aprobación, Pérez Pons sostuvo que el acceso al crédito «es un derecho», pero remarcó que no debe convertirse en una herramienta de explotación para personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Con la sanción definitiva, Chaco incorpora un nuevo marco de protección patrimonial que vincula las políticas de prevención de consumos problemáticos con la regulación del sistema financiero y las nuevas plataformas digitales.
